Una columna de la periodista Marielos Monzón publicada en la sección de opinión del matutino Prensa Libre expone la situación del periodista Jose Rubén Zamora, quien lleva 34 meses en prisión preventiva, pese a que tanto un tribunal como un juez, en distintos momentos, autorizaron medidas sustitutivas de arresto domiciliario. Resoluciones posteriores de salas de Apelaciones han impedido su salida, a pesar de que no existe peligro de fuga ni de obstaculización a la justicia.
El texto resalta que, al igual que en los casos del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo y de las autoridades indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, la prisión preventiva se ha convertido en un mecanismo de castigo anticipado. Con el uso de recursos legales por parte del Ministerio Público (MP) y de querellantes adhesivos, los procesos se dilatan indefinidamente, prolongando el encarcelamiento.
Según la columna, estas prácticas reflejan la connivencia entre fiscales del MP y jueces señalados a nivel internacional como actores corruptos y antidemocráticos. El fenómeno se ha convertido en una herramienta de persecución contra periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, abogados de la extinta CICIG y actores sociales críticos al poder político y económico.
Criminalización motivada por su trabajo periodístico
El caso de Zamora, fundador y expresidente de elPeriódico, es presentado como un ejemplo de criminalización motivada por su trabajo periodístico. El artículo señala que lo que enfrenta no son delitos sustentados, sino represalias por investigaciones que destaparon redes de corrupción que involucraban a políticos, empresarios, militares y estructuras criminales. Estas acciones se asemejan a lo que la ONU denomina “demandas estratégicas contra la participación pública” (SLAPP), que buscan silenciar la crítica y frenar la información de interés público.
El texto también compara la situación de Zamora con la de exfuncionarios y políticos acusados de corrupción que, a partir de 2015, fueron encarcelados, pero hoy gozan de libertad o lograron el cierre de sus procesos con resoluciones favorables. A esto se suma la falta de voluntad del MP para investigar los señalamientos de corrupción vinculados al expresidente Alejandro Giammattei y a su pareja, Miguel Martínez.
En este contexto, organizaciones nacionales e internacionales realizaron el pasado 18 de septiembre una marcha para exigir la liberación de Jose Rubén Zamora. La Asociación de Periodistas de Guatemala (APG), colectivos ciudadanos y entidades como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras entregaron un memorial a la Corte Suprema de Justicia. En el documento solicitan garantizar independencia judicial, revisar con objetividad las actuaciones del MP y poner fin a la prisión preventiva prolongada que enfrenta Zamora desde hace casi tres años.
Finalmente, la columna cuestiona al actual gobierno de Bernardo Arévalo por mantener en el cargo a la fiscal general Consuelo Porras, señalada de utilizar la institución para perseguir y silenciar voces críticas, en contravención a principios básicos del derecho penal y del debido proceso.
Con información de la columna de opinión de Marielos Monzón publicada en Prensa Libre.