En un contexto de creciente persecución a quienes han luchado contra la corrupción en Guatemala, el exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Stuardo Campo, lleva más de 335 días de prisión. Capturado por segunda vez el 1 de diciembre de 2023, Campo había sido beneficiado con arresto domiciliario solo cuatro meses antes. Sin embargo, el Ministerio Público (MP) ha demostrado que su objetivo es la venganza y no la justicia, al iniciar un segundo proceso judicial contra él, cuyos detalles permanecen en reserva.
Según la periodista guatemalteca Marielos Monzón en su columna titulada «Libertad para Stuardo Campo», la recaptura de Campo se produce a pesar de que contaba con un grillete electrónico de vigilancia permanente. Desde su reclusión en el Centro de Detención Mariscal Zavala, ha enfrentado tres procesos penales, siendo el último relacionado con la construcción del Libramiento de Chimaltenango.
En este caso, él y su entonces auxiliar fiscal, Eduardo Pantaleón, solicitaron la captura de José Luis Benito, exministro de Comunicaciones durante el gobierno de Jimmy Morales, así como de 33 personas más involucradas en una obra de corrupción que continúa afectando al país.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, Campo no ha podido presentar su declaración ante el juzgado, ya que las audiencias han sido suspendidas en múltiples ocasiones debido a excusas e incomparecencias del MP y los querellantes. Esta estrategia, como señala Monzón, parece ser una táctica para alargar la persecución penal y su encarcelamiento indefinidamente.
Los casos contra Stuardo Campo
Los casos en contra de Campo revelan patrones preocupantes en la actuación del MP, que se repiten en las «investigaciones» dirigidas contra fiscales, jueces y exfuncionarios de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las denuncias provienen frecuentemente de la Fiscalía de Asuntos Internos o de la Fundación Contra el Terrorismo, y los delitos imputados son casi idénticos: abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, obstrucción de la justicia, y obstaculización de la acción penal.
Esta política de castigo y venganza se alimenta de la captura del sistema de justicia, donde jueces y magistrados forman parte de redes de corrupción. Monzón también destaca que esta «guerra jurídica», o «lawfare», se utiliza para inhabilitar y perseguir a oponentes, los cuales incluyen a operadores de justicia independientes, defensores de derechos humanos, académicos, periodistas, y en tiempos recientes, funcionarios electorales y miembros del Movimiento Semilla. Hasta septiembre de 2024, 22 personas de estos grupos han sido encarceladas y 99 se encuentran en el exilio.
La relatora especial de la ONU sobre la Independencia Judicial, Margaret Satterthwaite, ha expresado su preocupación por el acoso que enfrenta Campo debido a su trabajo en la Fiscalía Anticorrupción. La pregunta que queda en el aire es si la reciente elección de cortes traerá cambios significativos.
La persecución penal de quienes investigan la corrupción, en lugar de quienes la perpetran, se ha convertido en el modus operandi del MP, bajo la dirección de Consuelo Porras, a quien Monzón denomina la «capitana del Pacto». Esta situación crítica se ve agravada por su demanda de un mayor presupuesto para continuar con la criminalización de la justicia independiente en Guatemala. La lucha por la libertad de Stuardo Campo es, en esencia, una lucha por la justicia en un país que enfrenta una alarmante impunidad.