En una serie de eventos que levantan sospechas sobre la transparencia y la imparcialidad del Ministerio Público (MP), liderado por Consuelo Porras, se pretende llevar a juicio a personas vinculadas a la toma de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Usac). Las acciones del ente investigador han desencadenado críticas por su manejo irregular del caso y su aparente censura a la libertad de expresión.
Seis días después de las detenciones de los sindicados, la audiencia de primera declaración, presidida por el juez Víctor Cruz, acusado por Estados Unidos (EE. UU.) como actor corrupto, inició con más de tres horas de retraso, sumiendo el proceso en una atmósfera de desorganización.
La Fiscalía de Delitos contra el Patrimonio Cultural de la Nación del MP avanzó con la imputación de Rodolfo Chang, Javier de León, Martín Jorge Macario, Alfredo Enrique Beber Aceituno, Eduardo Antonio Velásquez Carrera y Marcela Blanco, esta última sin vínculos a la institución educativa.
Los delitos imputados a implicado en el caso de la Usac
Los delitos imputados, que incluyen usurpación agravada, depredación de bienes culturales, asociación ilícita y sedición, se presentan como desproporcionados, generando dudas sobre la coherencia de las acusaciones. Los indicios presentados por la fiscalía, que incluyen testimonios, informes y peritajes, parecen insuficientes para respaldar tan graves imputaciones.
La incongruencia más destacada es la inclusión de videos, mensajes y fotografías de redes sociales como evidencia, así como informes del Tribunal Supremo Electoral relacionados con las elecciones de 2023. Esta inclusión plantea preocupaciones sobre la censura y la posible persecución de la libertad de expresión, ya que se utilizan publicaciones en redes sociales como prueba de delitos.
Rechazo de la comunidad antes acciones del MP
La fiscalía del MP alega la existencia de una asociación ilícita basada en roles establecidos, evidenciados por los mensajes en redes sociales. Además, la solicitud de antejuicio contra el presidente electo, Bernardo Arévalo, la vicepresidenta electa, Karin Herrera, y otros diputados por supuesto apoyo en redes sociales, ha generado rechazo a nivel internacional. Estados Unidos, la Unión Europea, la ONU y la OEA expresaron su preocupación, acusando a Consuelo Porras de utilizar tácticas judiciales para interferir en la transición de poder en enero.
Analistas sugieren que estas acciones del MP buscan obstaculizar el ascenso al poder del presidente electo, generando tensiones con sectores políticos y empresariales que ven a Porras como una figura clave en esta estrategia. La victoria de Arévalo, apoyado en su promesa de combatir la corrupción, se interpreta como una amenaza para estos sectores, desencadenando una ofensiva judicial que pone en entredicho la imparcialidad del Ministerio Público.