La Corte Suprema de Justicia (CSJ) enfrenta una cuenta regresiva: antes del 13 de octubre debe elegir a su nuevo presidente del Organismo Judicial (OJ), figura clave que, además de dirigir el poder judicial, presidirá la Comisión de Postulación para la elección del próximo Fiscal General del Ministerio Público (MP). Sin embargo, hasta ahora, la elección ha quedado en suspenso, ya sea por excusas, falta de convocatoria o la incomparecencia de magistrados.
El retraso no es un simple formalismo. La elección del nuevo presidente marcará el rumbo de dos procesos estratégicos: la renovación del Ministerio Público y la designación de magistrados de la Corte de Constitucionalidad (CC). Es decir, el control de la justicia en Guatemala para los próximos años.
Una disputa que desnuda intereses
El grupo mayoritario dentro de la CSJ, conformado por nueve de los trece magistrados, ha intentado concretar un acuerdo en torno a Claudia Lucrecia Paredes Castañeda o Mauricio Corado Campos, los dos perfiles que se disputan la presidencia. Pero ninguno ha alcanzado aún los votos necesarios.
Paredes carga con cuestionamientos que no pasan desapercibidos: su llegada a la CSJ fue respaldada por la bancada oficialista Vamos, y su nombre ha sido vinculado a estructuras ligadas al operador político Gustavo Alejos, procesado en múltiples casos de corrupción. Reportajes periodísticos documentaron que la magistrada constituyó empresas relacionadas con Alejos, que más tarde recibieron contratos millonarios del Estado. Además, fue parte de la planilla ASPA, cercana al magistrado Néster Vásquez Pimentel, incluido en la Lista Engel por corrupción.
Mauricio Corado Campos tampoco se libra de señalamientos. La extinta FECI le abrió proceso de antejuicio por su cercanía con Alejos en el caso “Comisiones Paralelas 2020”. Además, su historial incluye resoluciones polémicas, como dictar falta de mérito en contra de acusados por el secuestro del cantante Zoel Cruz, desaparecido desde 2021.
El peso de la decisión del presidente
La designación del presidente de la CSJ no es un asunto menor. El elegido dirigirá la postuladora que definirá la nómina de seis candidatos para sustituir a Consuelo Porras en el MP, un proceso que ya genera alerta en la sociedad civil ante el riesgo de cooptación. Asimismo, la CSJ deberá nombrar a un magistrado titular y un suplente para la CC, decisión que tendrá impacto directo en el equilibrio institucional.
El tiempo corre. Si los magistrados continúan posponiendo la elección, no solo incumplirán con los plazos legales, sino que dejarán claro que la justicia sigue siendo rehén de cálculos políticos. La pregunta es evidente: ¿elegirán antes del 13 de octubre o seguirán escondiéndose detrás de excusas?