La reciente postulación de Melvin Giovanni Portillo Arévalo para dirigir la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) no hace más que reforzar la creciente preocupación sobre el control que la fiscal general Consuelo Porras y sus allegados tienen sobre las instituciones clave del país. El caso de Portillo Arévalo es solo un claro ejemplo de cómo el poder y los intereses de la actual administración siguen cooptando instituciones vitales para el funcionamiento democrático, poniendo en tela de juicio la independencia de las entidades gubernamentales y el verdadero objetivo de la justicia en Guatemala.
Portillo Arévalo, actual secretario de Política Criminal del Ministerio Público (MP), ha sido vinculado con serios antecedentes que no parecen haber sido un impedimento para que Consuelo Porras lo nombrara en su cargo actual ni para que, ahora, continúe siendo considerado para otro cargo de gran poder.
Este abogado, quien en el pasado defendió a narcotraficantes del grupo «Los Ventura», condenados en 2024 por tráfico de drogas, ha sido señalado en múltiples ocasiones por violencia contra la mujer, falsedad ideológica y simulación de delitos. A pesar de estas denuncias, que incluyen un historial de al menos 10 casos en su contra, la fiscal general justificó su contratación bajo el principio de «presunción de inocencia» y con el argumento de que algunas de las acusaciones habían sido desestimadas.
¿Se viene otro operador de Porras?
Sin embargo, más allá de estos cuestionamientos legales y éticos, la verdadera preocupación surge cuando se observa que Portillo Arévalo es parte de un círculo cercano al poder de Consuelo Porras, quien, a través de la «presunción de inocencia», parece pasar por alto las implicaciones de su historial.
Esta situación plantea un escenario aún más complejo: Portillo, un hombre con relaciones y conexiones que datan de años con figuras controversiales, incluyendo la defensa de un socio de Manuel Baldizón, quien fuera señalado en el caso Odebrecht, busca ahora tener control sobre una de las entidades más cruciales para la administración pública del país: la SAT.
La designación de Portillo Arévalo como líder de la SAT sería una extensión más del poder que Porras y sus aliados ejercen sobre diversas instituciones estatales. Un cargo como el de la SAT no solo requiere de alguien con una amplia capacidad técnica, sino también de alguien con una clara trayectoria ética y profesional. Sin embargo, Portillo Arévalo, con su historial cuestionable, demuestra que la política en Guatemala se ha convertido en una lucha por ocupar posiciones de poder sin importar la moralidad ni el interés público.
Melvin Portillo Arévalo y sus vínculos corruptos
El hecho de que Portillo Arévalo haya sido parte de una terna para Procurador de los Derechos Humanos y su cercanía con personajes como Baldizón, quien también ha sido señalado por corrupción, demuestra una vez más que las instituciones clave en el país son usadas para beneficio de un círculo cerrado de aliados, mientras que el pueblo queda relegado. Que Portillo, además, haya sido parte de la asesoría de varios políticos y haya buscado, incluso, un puesto en el Congreso, pone en evidencia que su objetivo no es otro que obtener más control dentro de las instituciones del Estado, favoreciendo una estructura política profundamente permeada por intereses personales y de grupo.
Lo que la sociedad guatemalteca debe cuestionarse ahora es cómo un hombre con tan cuestionables credenciales puede tener acceso a un cargo tan importante. ¿Qué mensaje estamos enviando cuando los mismos individuos que han sido parte de estructuras políticas y judiciales con un historial turbio, como Portillo Arévalo, continúan escalando posiciones de poder?
Es evidente que el control de Consuelo Porras sobre el Ministerio Público no es suficiente. Ahora, busca extender su influencia a otras instituciones que deben ser independientes y transparentes, como la SAT. Los guatemaltecos deben estar alertas ante esta jugada y exigir la transparencia y la justicia que, hasta ahora, han sido sistemáticamente comprometidas por quienes ocupan el poder.