La reciente revelación de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT) ha puesto bajo el microscopio a Miguel Martínez, exjefe del Centro de Gobierno y cercano del expresidente Alejandro Giammattei. La investigación de la SAT ha destapado una red de evasión fiscal que involucra a más de 400 empresas y personas naturales, con una posible defraudación de hasta Q800 millones entre 2021 y 2023.
Uno de los nombres más destacados en este escándalo es Asfaltos y Petróleos de Guatemala (Aspetro), una constructora que ha recibido contratos millonarios durante el gobierno de Giammattei.
Aspetro, vinculada directamente con Martínez, figura en el centro de las denuncias por evasión tributaria. La SAT ha identificado a la empresa como un importante jugador dentro de la estructura B410, que habría evadido impuestos por Q300 millones. Esta situación ha levantado serias sospechas sobre el papel de Martínez en la red de evasión.
La relación de Miguel Martínez con Aspectro
La relación de Martínez con Aspetro ha sido ampliamente documentada. La constructora, bajo la dirección de los socios Ramiro Mauricio López Camey y Mauricio López Oliva, recibió contratos por Q1,755 millones entre 2021 y 2023, con sobrecostos que también han sido objeto de investigación. El Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a los socios López en la lista Engel, acusándolos de corrupción, lo que profundiza la controversia alrededor de Martínez.
A pesar de la gravedad de las acusaciones, las acciones del Ministerio Público (MP) en relación con Aspetro y Martínez han sido cuestionadas. El 8 de agosto, La Hora reportó que el MP no había avanzado en las investigaciones a pesar de las denuncias por transacciones sospechosas registradas por la Intendencia de Verificación Especial (IVE). Este retraso en la investigación ha alimentado especulaciones sobre la posible influencia y el poder detrás de Martínez.
La carta de Miguel Martínez
En respuesta a las acusaciones, Miguel Martínez envió una carta a La Hora, en la que se queja de una “cobertura sesgada” y de titulares que considera falsos. Martínez demanda una revisión imparcial de la información y asegura que el medio ha actuado de manera tendenciosa en su contra.
La conexión entre Martínez y las acusaciones de corrupción plantea un desafío crítico para el sistema judicial y las autoridades encargadas de garantizar la transparencia y la justicia. Sin embargo, dado que la fiscal general Consuelo Porras protege a Martínez, es probable que el caso no sea investigado.