En un nuevo giro que confirma cómo la justicia cooptada protege a los poderosos, los magistrados de la Sala Segunda de Apelaciones de Mayor Riesgo decidieron dejar sin efecto el embargo de dos propiedades vinculadas a Miguel Martínez, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno y principal operador político del expresidente Alejandro Giammattei. La resolución, adoptada en una audiencia a puerta cerrada y sin presencia de prensa ni veeduría ciudadana, favorece a la empresa Inmobiliaria Pallú S.A., ligada al círculo de Martínez.
El fallo de los magistrados representa un retroceso en las pesquisas por presunto lavado de dinero que se siguen en torno a la gestión de Martínez como director del Centro de Gobierno. A pesar de las serias sospechas sobre el origen ilícito de los bienes —cuyo valor asciende a unos Q10 millones—, la Sala consideró que el embargo no era “necesario” sobre dos de los seis inmuebles originalmente inmovilizados en mayo pasado.
No existe ningún proceso penal contra Miguel Martínez
Las fincas identificadas como 780 y 781, ambas registradas en el libro 2119 del departamento de Guatemala, fueron liberadas sin que el público tenga conocimiento exacto de su ubicación ni de su vínculo directo con los actos investigados. Esta falta de transparencia es aún más preocupante si se considera que el resto de propiedades bajo investigación permanecen embargadas, pero a nombre de terceras sociedades: Demci Arnoldo López Villatoro, Nahual Energy S.A. y Antagonista de Negocios S.A., todos con sede en Sacatepéquez.
Mientras la Fiscalía de Extinción de Dominio, bajo el control del Ministerio Público que dirige Consuelo Porras, actúa sobre bienes y testa maniobras legales contra empresas intermediarias, no existe ningún proceso penal ni orden de captura en contra de Miguel Martínez. La aparente estrategia de aislar al principal beneficiario de las operaciones investigadas es evidente: se embargan bienes de sociedades satélite, pero se mantiene intacto al operador político más influyente del régimen anterior.
Este silencio cómplice del MP es aún más grave si se toma en cuenta que Martínez no ostenta ningún cargo público ni goza de inmunidad. Es, jurídicamente, un ciudadano más. Sin embargo, la fiscalía de Porras ha evitado sistemáticamente iniciar una investigación en su contra, dejando claro que la prioridad sigue siendo proteger a los aliados del poder que ella misma ayudó a blindar durante el gobierno de Giammattei.
Justicia cooptada
Lo ocurrido también refleja cómo el sistema judicial, lejos de combatir la corrupción, se ha convertido en un muro de contención que bloquea cualquier intento real de rendición de cuentas. La audiencia se celebró bajo reserva, sin transparencia, como si se tratara de un asunto de seguridad nacional y no de una investigación sobre posibles actos de lavado de dinero de uno de los hombres más poderosos del anterior gobierno.
La ciudadanía tiene derecho a saber por qué se protege a Martínez, por qué se liberan sus propiedades, y por qué no se ha movido un solo dedo en su contra. Mientras a periodistas, jueces independientes y exfiscales se les persigue, a Miguel Martínez se le garantiza impunidad.
La impunidad selectiva y la manipulación institucional son las señales más claras de que en Guatemala se aplica una justicia a la carta. Una para perseguir a quienes denuncian la corrupción, y otra para blindar a quienes la ejercen desde las sombras del poder.