A meses de que Consuelo Porras abandone la jefatura del Ministerio Público (MP), los datos revelados por el Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) de Argentina desmontan cualquier intento por maquillar su gestión.
Bajo el título “¿Eficacia o impunidad? El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025”, el informe expone con cifras concretas cómo el MP, lejos de fortalecerse, se convirtió en una herramienta de persecución política y en sinónimo de ineficiencia.
Uno de los hallazgos más reveladores del informe es el desplome de la eficacia institucional. En sus primeros años, el MP bajo Porras alcanzaba apenas un 14% de resolución efectiva en los casos; hoy, esa cifra se ha reducido a un 6%. Es decir, más del 93% de los casos que ingresaron entre 2024 y 2025 no obtuvieron ninguna respuesta significativa.
Lejos de atender con rigor las denuncias ciudadanas, el MP ha privilegiado el uso de figuras como la desestimación y el archivo: el 74 % de los casos se desechan sin investigar, y otro 27 % simplemente se archivan. En términos prácticos, el 100% de los casos terminan en el limbo, dejando a las víctimas sin justicia y a los responsables en libertad.
Más dinero, menos resultados
El informe del INECIP también revela la contradicción entre el crecimiento del presupuesto del MP —de Q1,842 millones en 2018 a Q4,828 millones en 2025— y la disminución en sus resultados. Un aumento del 162% en fondos públicos que no se traduce en justicia ni persecución penal, sino en una institucionalidad inflada que rinde cuentas solo a sus aliados.
El informe va más allá de la ineficiencia: documenta un retroceso evidente en la lucha contra la corrupción. Casos emblemáticos que fueron construidos por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) han sido cerrados o abandonados, borrando años de trabajo técnico y judicial. Donde antes se investigaba a redes criminales que penetraban el Estado, hoy se persigue a quienes se atrevieron a enfrentarlas.
Según el INECIP, el 80% de las denuncias que hoy sustentan procesos de criminalización contra operadores de justicia provienen de la Fundación Contra el Terrorismo y de personas que en su momento fueron investigadas por la antigua FECI y la CICIG. La institución que debería velar por el Estado de derecho ha sido cooptada por intereses contrarios a la justicia, y los casos manipulados son asignados a jueces con sanciones internacionales, lo que agrava la desconfianza pública.
Consuelo Porras: ¿Eficacia o impunidad?
La pregunta que titula el informe no es retórica. A lo largo de siete años, Consuelo Porras consolidó un Ministerio Público subordinado al poder, ajeno a su mandato constitucional y sordo ante la demanda ciudadana de justicia. El balance final no solo muestra una baja en la eficacia, sino una destrucción deliberada de las capacidades institucionales para investigar el crimen y sancionar la corrupción.
En lugar de dejar una fiscalía fortalecida, Porras deja una institución desacreditada, instrumentalizada y ausente ante la ciudadanía. El informe de INECIP no solo documenta cifras: desnuda un modelo de impunidad que ha desplazado el Estado de derecho por una red de protección para corruptos y criminales. Y mientras la impunidad avanza, la justicia retrocede. Ese es el verdadero legado de Consuelo Porras.