El 4 de mayo de 2018, el Ministerio Público (MP), con el apoyo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), reveló públicamente uno de los casos más graves de corrupción dentro del sistema de defensa del país: Negocios en la Industria Militar. Esta investigación sacó a la luz una estructura criminal que operó entre 2008 y 2011 dentro de la Industria Militar, dependencia del Ministerio de la Defensa, y que defraudó al Estado por más de Q23 millones.
La investigación fue dirigida por la entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), bajo el liderazgo del exfiscal Juan Francisco Sandoval. La FECI y la CICIG documentaron cómo un grupo de militares en situación de retiro, en colusión con empresarios privados, crearon un sistema ilegal para extraer recursos públicos mediante comisiones infladas y sobornos por contratos adjudicados.
Uno de los protagonistas del caso fue el mayor retirado Rolando Enrique Hernández González, quien fue contratado por la Industria Militar como «representante de ventas», un puesto inexistente en el manual de operaciones de la entidad. A pesar de ello, se le otorgaron cuatro contratos administrativos. Hernández gestionó ventas de armamento y equipo a instituciones como la Policía Nacional Civil y el Ministerio de Salud, pero también a entidades a las que la Industria Militar tenía prohibido vender, como el Organismo Judicial y la SAT.
Según los hallazgos, Hernández cobró comisiones que en algunos casos alcanzaron hasta el 84% del valor total de las ventas, y recibió más de Q21 millones en sus cuentas personales entre 2008 y 2009. Además, se comprobó que parte del dinero se canalizó a militares retirados y sus familiares, en un esquema sistemático de saqueo estatal.
Condenas en el caso Negocios en la Industria Militar
El caso también documentó el pago de sobornos por parte de siete empresarios para lograr contratos con la Industria Militar. A través de un procedimiento abreviado, el Juzgado Séptimo de Instancia Penal los condenó en 2018 a penas de 3 y 4 años de prisión conmutables, además de multas. Entre ellos, Moisés Israel Santisteban Fuentes, Manuel Antonio Pivaral Pérez y Ernesto Arturo Zamora Cruz fueron sentenciados por cohecho activo, mientras que otros cuatro empresarios fueron hallados culpables de peculado.
Hasta la fecha, cinco militares retirados continúan ligados a proceso penal: Jorge Arturo Vega Chávez, José Alfredo Cotzoja Chajón, Byron Manuel Santos Galindo, Carlos Geovani Mejía Girón y el propio Rolando Hernández González. Las acusaciones incluyen peculado, lavado de dinero y asociación ilícita.
Contundente labor de CICIG
En retrospectiva, este caso es un ejemplo contundente del trabajo de la CICIG y de la antigua FECI, que lograron develar redes de corrupción incrustadas en instituciones militares y que operaron con total impunidad durante años. A pesar de que el caso continúa sin sentencia para los militares implicados, el expediente representa un hito en la lucha contra la corrupción en Guatemala.
En 2025, el caso sigue en la etapa intermedia para algunos sindicados, y aunque la CICIG fue expulsada en 2019 y la FECI ha sido debilitada por las actuales autoridades, Negocios en la Industria Militar permanece como un recordatorio del poder de la justicia independiente cuando se le permite actuar con autonomía.