La fiscal general Consuelo Porras volvió a protagonizar un episodio que exhibe no solo un preocupante desconocimiento jurídico, sino también un intento burdo de instrumentalizar el Ministerio Público con fines políticos. Esta vez, fue el abogado constitucionalista Edgar Ortiz quien, con una contundente explicación legal, desmontó punto por punto una solicitud de la Fiscalía de Delitos Administrativos que roza el absurdo.
El 30 de abril de 2025, dicha fiscalía envió una insólita petición al presidente del Congreso, Nery Ramos, exigiendo el supuesto “acuerdo de nombramiento” del presidente Bernardo Arévalo. La respuesta no se hizo esperar: Ortiz calificó la solicitud como una “tontería jurídica” y explicó que esa figura simplemente no existe en el ordenamiento legal guatemalteco.
“Ni existe ese acuerdo, ni el Congreso nombra presidentes”, sentenció Ortiz en su cuenta de X.
La Constitución guatemalteca es clara: el Presidente de la República es electo por voto popular, no nombrado por el Legislativo. Es el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el único órgano con competencia para adjudicar y oficializar los resultados, algo que ya ocurrió con el Decreto 5-2023, emitido tras las elecciones generales de 2023.
La investidura de Arévalo, ocurrida el 14 de enero de 2024, fue ordenada por la Corte de Constitucionalidad (CC) en el expediente 6175-2023, luego de la crisis institucional que buscó impedir su llegada al poder. Y en ese proceso, el Congreso tuvo un rol meramente ceremonial y ejecutivo: recibir el juramento, sin tener ningún poder decisorio sobre la validez de la elección.
Ortiz lo explicó con claridad: “El Congreso no nombra al Presidente. Solo ejecuta el mandato popular al tomarle juramento”. En otras palabras, el Legislativo es un testigo institucional, no un actor deliberante.
Lo grave de la solicitud de Consuelo Porras
Lo grave es que la solicitud de la Fiscalía no es simplemente un error técnico. Es un intento deliberado de generar confusión jurídica y alimentar la narrativa de un supuesto “fraude electoral” que ya fue descartado por todas las instancias competentes.
“El MP no tiene nada que buscar en este tema”, recalcó Ortiz, advirtiendo que el Ministerio Público no puede revisar elecciones ni anular actos consumados conforme a derecho. Incluso, la propia CC fue tajante al declarar que cualquier intento de impugnación posterior a la toma de posesión llega tarde.
La Corte ratificó la legalidad de la juramentación de Arévalo
Pese a la claridad de los hechos, ciertos sectores siguen repitiendo teorías conspirativas y argumentos falsos, como la supuesta invalidez de la toma de posesión por la anulación de la Junta Directiva del Congreso presidida brevemente por Samuel Pérez. Ortiz volvió a poner los puntos sobre las íes: la Corte ratificó la legalidad de la juramentación de Arévalo, independientemente de lo ocurrido con la Junta.
Este episodio no solo deja en evidencia a la fiscalía subordinada a Porras, sino que retrata con crudeza el deterioro del Ministerio Público, que hoy actúa más como un brazo político del pacto de corruptos que como garante del Estado de Derecho.
Consuelo Porras ha convertido al MP en una institución que persigue periodistas, defensores de derechos humanos y operadores de justicia independientes, mientras ignora o minimiza escándalos de corrupción reales. Ahora, pretende cuestionar retroactivamente un proceso electoral legítimo, sin ninguna base legal.
Lo ocurrido no es una anécdota. Es una muestra más de cómo el aparato de justicia está siendo utilizado para socavar la voluntad popular y sabotear la institucionalidad democrática. Por fortuna, voces como la de Edgar Ortiz siguen poniendo freno al autoritarismo disfrazado de legalismo. Pero la pregunta persiste: ¿hasta cuándo se permitirá que el MP de Porras siga operando con total impunidad?