La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) presentó el informe “Guatemala: Desafíos en la defensa de los derechos humanos 2020–2025”, un documento que desnuda una realidad inquietante: la criminalización contra operadores de justicia, periodistas, líderes indígenas y defensores no responde a hechos aislados, sino a un entramado sostenido que evolucionó bajo la erosión institucional de los últimos años.
El informe contabiliza 1,546 agresiones contra 940 personas y organizaciones, que van desde campañas de difamación y vigilancia hasta procesos penales sin sustento, exilios forzados e incluso asesinatos. OACNUDH subraya que estos ataques provienen tanto de estructuras privadas como de instituciones estatales, pero destaca un actor central: el Ministerio Público (MP), dirigido desde 2018 por Consuelo Porras, funcionaria sancionada globalmente por presuntos actos de corrupción y prácticas antidemocráticas.
La Oficina detalla que, bajo la administración de Porras, el MP se transformó en un mecanismo utilizado para perseguir a quienes investigaron redes criminales y de corrupción, así como a periodistas y líderes comunitarios que cuestionaron intereses económicos y políticos. Entre 2020 y 2025, la criminalización se convirtió en el método más repetido: 745 procesos penales contra 332 personas, muchos con imputaciones débiles o sin sustento técnico.
OACNUDH señala al MP como motor de la criminalización
OACNUDH advierte que la aplicación del derecho penal fue usada de forma “alarmante” para neutralizar a quienes ejercen control democrático. Un patrón recurrente —agrega el informe— fue la apertura de casos sin pruebas sólidas, la imposición de prisión preventiva sin criterios claros y la filtración selectiva de información a redes de difamación conocidas como netcenters. Estas campañas, documentadas por la Unión Europea en 2023, han servido para preparar el terreno antes de emprender denuncias penales.
El papel de fiscalías como Asuntos Internos y la FECI, dirigida por Rafael Curruchiche, también sancionado internacionalmente, aparece como determinante en esta ofensiva. A ello se suma la influencia de actores externos como la Fundación contra el Terrorismo, responsable de numerosas denuncias contra quienes investigaron corrupción.
Informe alerta criminalización generalizada de operadores de justicia
En paralelo, el informe señala un uso estratégico de ciertos juzgados —entre ellos el Tercero, Séptimo y Décimo Penal— dirigidos por jueces señalados por Estados Unidos por socavar la justicia. Allí se concentran causas de criminalización acompañadas por largos procesos, audiencias suspendidas y decisiones que prolongan el desgaste de los acusados.
El impacto de este patrón ha sido devastador. Decenas de fiscales, jueces y periodistas abandonaron el país para resguardar su vida, mientras la autocensura se expandió en medios y organizaciones comunitarias. Para muchas personas criminalizadas, el exilio se convirtió en la única vía para sobrevivir a una persecución que, según OACNUDH, desmanteló instituciones clave y dejó al país sin referentes de justicia.
Aunque la Oficina reconoce señales de cambio bajo el gobierno de Bernardo Arévalo, concluye que la estructura que permitió la represión sigue activa. El informe es categórico: Guatemala enfrenta una disputa de fondo entre quienes defienden la democracia y quienes han capturado instituciones para operar con impunidad.