La jueza del Tribunal Séptimo de Sentencia Penal, Ingrid Cifuentes, ordenó al Ministerio Público (MP) que investigue al expresidente Jimmy Morales por su presunta responsabilidad en el incendio ocurrido el 8 de marzo de 2017 en el Hogar Seguro Virgen de la Asunción, donde murieron 41 niñas y adolescentes.
Este hecho marcó una tragedia nacional que dejó una herida profunda en la sociedad guatemalteca. Sin embargo, esta orden judicial ha generado cuestionamientos sobre si el MP, bajo la dirección de la fiscal general Consuelo Porras, actuará realmente contra Morales, a quien Porras protege desde hace años.
La protección hacia Morales y otros exfuncionarios señalados por corrupción se ha hecho evidente en los últimos años. Jimmy Morales, quien ya fue denunciado en su momento por este caso, estuvo protegido por la Corte Suprema de Justicia durante su mandato, gozando de inmunidad que le impidió ser investigado. Sin embargo, ahora que dicha inmunidad ha expirado, la jueza Cifuentes ha dado un paso sin precedentes al ordenar una investigación formal contra él.
No obstante, la preocupación surge porque Consuelo Porras fue nombrada en el cargo en 2018, durante el gobierno de Morales, y desde entonces ha mostrado un patrón de protección hacia exmandatarios y funcionarios señalados por corrupción. En 2022, Porras fue reelecta por el entonces presidente Alejandro Giammattei, otro de los protegidos que hasta ahora no ha enfrentado procesos judiciales relevantes a pesar de múltiples denuncias.
Contexto de desconfianza
Esta situación genera un contexto de desconfianza entre organizaciones sociales, víctimas y ciudadanía, quienes temen que esta orden judicial quede en un papel sin que el Ministerio Público actúe realmente. El temor se fundamenta en que Porras ha manejado el MP con criterios que favorecen a las élites políticas en lugar de perseguir la justicia de manera imparcial.
Durante el proceso judicial por el incendio en el Hogar Seguro, Jimmy Morales fue mencionado en varias ocasiones por testigos que señalaron su supuesta intervención directa. Testimonios como los del exjefe de la Procuraduría de Menores, Harold Flores, y la exdefensora de víctimas, Ana Lucía Peláez Vicente, ubican a Morales y a su exasesor Carlos Beltetón en el lugar, ordenando la permanencia de policías que custodiaron el hogar, donde las niñas fueron encerradas antes del incendio.
La jueza Cifuentes ha solicitado que se investigue también a Beltetón, quien declaró que coordinó acciones con Jimmy Morales y las fuerzas policiales. Estas revelaciones contradicen versiones oficiales y sugieren que la responsabilidad política en la tragedia no se limita a los funcionarios de menor rango que ya fueron condenados.
Sentencia a Jimmy Morales por el caso Hogar Seguro
La sentencia contra seis exfuncionarios el 12 de agosto de 2025, que los condenó a penas de entre 6 y 25 años, fue un paso histórico para las víctimas. Pero la inclusión de Morales en la investigación abre un nuevo capítulo que pone a prueba la independencia del MP y el compromiso de Consuelo Porras con la justicia.
En conclusión, la orden de la jueza Ingrid Cifuentes para que el MP investigue al expresidente representa un avance en la búsqueda de justicia por el incendio del Hogar Seguro. Sin embargo, la sombra de la protección política ejercida por la fiscal general Consuelo Porras genera incertidumbre sobre si esta investigación se llevará a cabo con transparencia y sin interferencias.
La sociedad guatemalteca sigue esperando que la justicia alcance a todos los responsables, sin importar su posición ni sus vínculos políticos.