En un fallo que subraya la protección y el doble rasero del Ministerio Público (MP) hacia sus funcionarios aliados, el juez sexto penal, Carlos Toledo, ordenó retomar una investigación contra Rafael Curruchiche, jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).
Esta decisión responde a una solicitud de oposición presentada por el exjefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, quien acusó a Curruchiche de haber revelado información confidencial de un caso bajo reserva, acción similar por la que el MP criminalizó a la exfiscal Virginia Laparra.
Este fallo añade presión sobre Curruchiche, quien ya ha sido sancionado tanto por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como por la Unión Europea debido a su involucramiento en actos de corrupción judicial y por llevar a cabo acciones antidemocráticas en Guatemala.
Estas sanciones reflejan la preocupación internacional sobre la falta de imparcialidad en el sistema judicial guatemalteco, especialmente bajo la administración de la fiscal general Consuelo Porras y su círculo cercano, en el cual Curruchiche juega un rol clave.
La denuncia contra Rafael Curruchiche
Sandoval, actualmente exiliado, declaró que el juez Toledo aceptó su solicitud en audiencia, señalando que este fallo expone la protección que brinda el MP a sus funcionarios.
“Es una muestra de que el MP no investiga los hechos de los que somos víctima los criminalizados y perseguidos ilegítimamente, y protege a sus funcionarios que nos han causado tantos agravios y violaciones a nuestros derechos fundamentales”, dijo Sandoval a Prensa Comunitaria.
El exjefe de la FECI acusa a Curruchiche de infringir la ley al declarar públicamente sobre una investigación confidencial que lo involucra a él y al expresidente Alejandro Giammattei, relacionada a un expediente clasificado bajo control del Juzgado Séptimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal.
Pese a la reserva del expediente, Curruchiche afirmó en medios que «no existen investigaciones relacionadas a Giammattei», desatendiendo la prohibición de divulgar información en casos bajo control jurisdiccional.
Sandoval denunció que, mientras la información era confidencial, Curruchiche brindó detalles en medios sobre el caso MP001-2021-36219, que actualmente permanece bajo control judicial y a la cual él no ha tenido acceso.
Falta de investigación
El MP, según indica el recurso de Sandoval, realizó una investigación mínima. La fiscalía únicamente verificó el lugar de trabajo de Curruchiche y solicitó a la Policía Nacional Civil un informe de antecedentes en el que consta que Sandoval carece de estos. Con estos dos datos, el fiscal Jorge Luis Cortés Rosales solicitó la desestimación de la denuncia en una audiencia del 21 de junio de 2024, argumentando falta de elementos de convicción para continuar.
“La fiscalía se limitó a registrar el lugar en el que trabaja Curruchiche y a confirmar que no tengo antecedentes policíacos. Eso fue todo. Aún así, el fiscal solicitó la desestimación de la denuncia”, puntualizó Sandoval.
La falta de acciones serias en la investigación hacia Curruchiche refleja el mismo patrón con el que el MP trata las denuncias contra aliados de Porras, aplicando un criterio distinto cuando se trata de funcionarios y figuras afines a su administración, especialmente aquellos sancionados internacionalmente, como es el caso de Curruchiche.