El Juzgado de Extinción de Dominio volvió a poner en evidencia lo que muchos ya saben: en Guatemala, la justicia sigue favoreciendo a los poderosos. El lunes 3 de noviembre, el tribunal resolvió anular el embargo de seis cuentas bancarias de Otto Pérez Molina, permitiéndole recuperar más de Q4 millones, incluyendo intereses acumulados por más de una década.
Los fondos estaban retenidos desde 2015, como parte de las investigaciones por los casos “La Línea” y “Cooptación del Estado”, ambos emblemáticos ejemplos de corrupción estatal. Sin embargo, el tribunal determinó que no había fundamentos suficientes para mantener el embargo, pese a que los procesos judiciales contra el expresidente siguen abiertos.
Fallas graves en lo resuelto
La medida deja al descubierto varias fallas graves:
- El Juzgado favorece descaradamente a Pérez Molina, un acusado de corrupción estructural, dejando en evidencia una interpretación laxa de la ley que prioriza intereses individuales sobre el interés público.
- El Ministerio Público bajo Consuelo Porras permaneció inerte, incapaz de defender la retención de fondos que pertenecen a procesos en curso, reforzando la percepción de que la impunidad sigue intacta.
- La Senabed, obligada a ejecutar la devolución, se convierte en un instrumento pasivo en un sistema que prioriza el beneficio de exfuncionarios sobre la protección del Estado y de la ciudadanía.
Devolución de la finca “Los Aguacates”
Este episodio se suma a la reciente devolución de la finca “Los Aguacates”, valorada en Q17 millones, tras resoluciones judiciales que han generado el rechazo de la Procuraduría General de la Nación (PGN), encargada de defender los intereses del Estado. La PGN incluso anunció que impugnará la decisión, pero el daño político y simbólico ya está hecho.
Mientras Pérez Molina recupera su dinero y reclama intereses, Guatemala observa, impotente, cómo un expresidente acusado de saquear recursos públicos obtiene beneficios que ningún ciudadano común podría aspirar a recibir. Este caso no solo cuestiona la imparcialidad de los tribunales y la efectividad del MP, sino que evidencia cómo el sistema judicial puede ser usado para garantizar impunidad estructural a quienes gobernaron con privilegios y corrupción.