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“Defender la democracia no es un delito”

septiembre 8, 2025
“Defender la democracia no es un delito”

El ex vicealcalde indígena de Sololá, Esteban Toc Tzay, fue capturado el jueves 28 de agosto cuando se dirigía a recibir tratamiento de hemodiálisis y una semana después puesto en libertad bajo arresto domiciliario. La situación fue analizada en la columna de opinión de la periodista Marielos Monzón, publicada en Prensa Libre, donde advierte sobre la criminalización de las autoridades indígenas en Guatemala.

Según la orden judicial filtrada con fecha 11 de abril de 2025, Toc enfrentaba acusaciones por sedición, terrorismo, asociación ilícita, obstrucción de la justicia y obstaculización a la acción penal. Cargos similares se imputaron a Luis Pacheco y Héctor Chaclán, exdirectivos de los 48 Cantones de Totonicapán.

El caso permanece bajo reserva, aunque Monzón señala que las detenciones se relacionan con la participación de estas autoridades en las protestas de 2023, que exigieron respeto a los resultados electorales. Las movilizaciones, en las que participaron decenas de miles de ciudadanos, fueron impulsadas por municipalidades y organizaciones comunitarias indígenas, y cumplieron un papel clave en la defensa de la democracia.

CONTENIDO DE ESTA NOTA:

Venganza política hacia las autoridades indígenas

La columnista advierte que las detenciones constituyen un acto de venganza política y forman parte de la estrategia de criminalización que el Ministerio Público, bajo la fiscal general Consuelo Porras, lleva adelante contra líderes indígenas y actores democráticos. Equiparar la organización histórica de los pueblos indígenas con estructuras criminales, señala Monzón, también representa un acto de racismo.

En el caso de Toc, su liberación bajo arresto domiciliario respondió a su situación de salud, ya que requiere hemodiálisis. Monzón enfatiza que, aunque la medida permite su tratamiento, no cambia el patrón de persecución que afecta a líderes comunitarios, defensores de derechos humanos y periodistas.

Tras la captura, autoridades indígenas emitieron un comunicado dirigido al presidente Bernardo Arévalo, exigiendo medidas frente a la persecución penal. Monzón concluye que estas acciones no deben deslegitimar la autoridad ancestral de los pueblos indígenas ni su participación histórica en la defensa de los derechos colectivos.