El juez Erick García se ha convertido en una figura incómoda para el poder judicial cooptado y sus aliados, no por haber violado la ley, sino por hacerla valer. A pesar de que la Supervisión de Tribunales del Organismo Judicial concluyó que no incurrió en ninguna falta disciplinaria al conocer una audiencia relacionada con el caso TREP, la Junta de Disciplina Judicial ha programado una audiencia en su contra para el próximo 18 de septiembre.
¿La razón? Haber otorgado medidas sustitutivas a los magistrados titulares del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y levantar la suspensión de sus funciones, en un contexto en que el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras buscaba apartarlos por completo. La decisión de la Junta se da a partir de una certificación de lo conducente dictada de oficio por la Sala Tercera de Apelaciones Penal, presidida por Alejandro Prado, un magistrado con estrecha cercanía al diputado sancionado Felipe Alejos. La denuncia contra García responde más a intereses políticos que a una falta real.
El castigo por fallar con independencia
Erick García fue uno de los pocos jueces que se atrevió a fallar en contra de las pretensiones del Ministerio Público (MP). No solo en el caso de los magistrados del TSE, sino también en el caso del periodista José Rubén Zamora, en el que García no cedió a las presiones que exigían mantenerlo encarcelado sin justificación sólida.
El juez conoció el caso TREP por designación temporal del Juzgado Segundo Penal, autorizada por la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Según el informe de supervisión, su actuación fue legal, adecuada y justificada por la urgencia del caso. Sin embargo, la Sala Tercera anuló de oficio todo lo actuado por García, revirtió su resolución y ordenó que se le investigara, bajo el argumento de que su fallo pretendía favorecer a los magistrados del TSE.
Este patrón se ha repetido. Cualquier resolución que no responde a la línea del MP o a los intereses de grupos como la Fundación contra el Terrorismo, termina convertida en objeto de represalias institucionales.
La represión con toga y malicia
La audiencia del 18 de septiembre forma parte de un mecanismo de presión que busca disciplinar —o eliminar— a los pocos jueces independientes que quedan. Erick García fue removido de la judicatura penal en la capital, a pesar de que su designación era legal y la plaza estaba vacante. La CSJ no renovó su permanencia y lo trasladó a un juzgado en Escuintla, en un intento claro de marginarlo del debate judicial de alto perfil.
No es casualidad que en marzo, durante una audiencia del caso de Zamora, el propio juez denunciara amenazas y coacción recibidas por él y su personal. Esto ocurrió días después de que cuentas vinculadas a la Fundación contra el Terrorismo publicaran ataques en su contra, una táctica ya conocida para sembrar miedo y justificar futuras acciones legales o administrativas.
Un mensaje para quienes desafíen al sistema
La persecución contra Erick García manda un mensaje claro: fallar con independencia tiene consecuencias. A los jueces que no se alineen con la agenda del MP, de Consuelo Porras, de Rafael Curruchiche y de las redes paralelas que operan en el sistema judicial, les espera el desprestigio, las amenazas, y eventualmente, la expulsión.
Hoy es García. Ayer fue la exjueza Erika Aifán. Mañana puede ser cualquiera que se atreva a ejercer justicia sin temor ni favor. El sistema no solo castiga el delito: castiga la dignidad y la integridad, cuando estas incomodan al poder.