A solo ocho meses de dejar el cargo de Fiscal General, Consuelo Porras solicitó al Congreso de la República un presupuesto de Q5 mil 245.29 millones para el Ministerio Público (MP), una institución que bajo su gestión se ha caracterizado por la criminalización selectiva y la persecución de voces críticas.
Durante su presentación, el martes 30 de septiembre de 2025, Porras llegó acompañada de su círculo cercano de funcionarios, quienes la respaldan y participan activamente en la toma de decisiones dentro del ente investigador. En su exposición ante la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, la fiscal aseguró que el MP ha crecido durante su gestión, cubriendo los 340 municipios del país, y defendió el uso del presupuesto señalando que no se va “ni en una agua gaseosa” y que trabajan “a favor de las víctimas”.
Sin embargo, los datos pintan un panorama muy distinto. En la era de Porras, el presupuesto del MP ha crecido 162 %, mientras que la eficacia de la institución cayó a 6.44 %, lo que implica un índice de impunidad cercano al 93 %. Más dinero, menos justicia. El MP, lejos de consolidarse como un ente independiente y eficiente, se ha convertido en un aparato de impunidad que protege intereses políticos y persigue a quienes cuestionan al gobierno.
MP inflado de recursos, pero vacío de resultados
El techo presupuestario solicitado para 2026 tiene como objetivos, según Porras, mejorar la atención en fiscalías auxiliares, implementar modelos de atención integral y concluir los trabajos de construcción de la torre 3 del edificio central de Gerona. No obstante, críticos consideran que estos argumentos buscan justificar un gasto desproporcionado mientras la justicia independiente sigue debilitada y la impunidad se mantiene como la norma.
La gestión de Consuelo Porras deja una institución inflada de recursos pero vacía de resultados, consolidando un MP más enfocado en proteger intereses políticos que en garantizar justicia para los guatemaltecos.
Encaran a Consuelo Porras
El momento más tenso de la sesión se dio cuando la diputada Andrea Villagrán cuestionó a Porras por los casos de criminalización impulsados desde el MP, señalando su papel en la persecución de defensores de la democracia. La Fiscal General, evitando dar explicaciones concretas sobre varios temas, incluyendo su salario, y respaldada por su círculo cercano, finalmente abandonó la sesión cuando el presidente de la sala decidió finalizarla.