Durante más de dos décadas, Joviel Acevedo ha sido el rostro visible del sindicalismo docente en Guatemala, al frente del Sindicato de Trabajadores de la Educación de Guatemala (STEG). Lo que comenzó como una carrera magisterial en 1984 en El Estor, Izabal, se transformó en una larga trayectoria de poder sindical que ha terminado estrechamente ligada a intereses políticos, gobiernos corruptos y acusaciones de corrupción que, hasta la fecha, no han prosperado judicialmente.
Originario de Usumatlán, Zacapa, Acevedo nació el 11 de abril de 1965. A los 19 años inició su carrera como maestro y rápidamente se involucró en actividades sindicales. Desde entonces, ha sabido mantener su posición en el gremio a costa de una estructura de poder que ha privilegiado los pactos políticos sobre los intereses del magisterio y la comunidad estudiantil. Su figura se ha mantenido fuerte, no por resultados educativos, sino por su habilidad para negociar prebendas con los gobiernos de turno.
Acevedo ha sido señalado por mantener relaciones estrechas con los gobiernos de Otto Pérez Molina, Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y ahora encabeza acciones contra el gobierno de Bernardo Arévalo, como los recientes bloqueos y paros en 2025, que afectan directamente a la educación pública y a miles de estudiantes.
Acusaciones de corrupción
En julio de 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos lo sancionó, señalando que utilizó su posición de poder para obtener beneficios personales a cambio de influenciar al magisterio. Estas acusaciones coinciden con una investigación que realizó la antigua FECI, liderada por Juan Francisco Sandoval, sobre un presunto pago ilícito para remodelar la sede del sindicato, conocida como Casa del Maestro.
Las pesquisas, que comenzaron en 2018 tras las declaraciones del colaborador eficaz Juan Carlos Monzón, revelaron que el empresario Raúl Osoy Penados financió dichas remodelaciones a cambio de que el STEG movilizara a sus bases en apoyo a Pérez Molina y Roxana Baldetti. Se recabaron 22 indicios, entre ellos testimonios de Monzón, el testaferro Víctor Hugo Hernández, y la arquitecta Mónica Sabrina Arévalo, quien declaró que Joviel Acevedo le solicitó personalmente adecuaciones para su apartamento privado dentro del inmueble.
A pesar de la contundencia de la investigación, el caso fue bloqueado por la fiscal general Consuelo Porras, quien no autorizó a la FECI a solicitar ni una orden de captura ni una citación para primera declaración. Según Sandoval, Porras argumentó que “no era posible proceder en contra del dirigente sindical” y detuvo el proceso, dejando en evidencia su protección política hacia Acevedo, como ha ocurrido con otros actores vinculados a redes de corrupción.
Esta impunidad protegida desde el Ministerio Público ha permitido que Joviel Acevedo mantenga su poder intacto. Desde el sindicato, controla a miles de maestros que, sin tener mayor participación en las decisiones, son movilizados en bloqueos, protestas y pactos, muchas veces a espaldas del verdadero interés docente.
Largo historial de Joviel Acevedo
Su largo historial de connivencia con gobiernos autoritarios, beneficios personales a costa del erario, y su rol en obstaculizar el acceso a la educación pública, lo convierten en un símbolo de la distorsión del sindicalismo guatemalteco: un modelo que protege a su cúpula, traiciona su base y opera como brazo político para protegerse mutuamente del alcance de la justicia.
En lugar de velar por la calidad educativa y el bienestar del magisterio, Joviel Acevedo se ha convertido en un operador político con impunidad garantizada. El legado que deja, hasta ahora, no es el de un líder sindical comprometido, sino el de un aliado de la corrupción con el respaldo institucional de quienes deberían investigarlo.
Guatemala no solo necesita justicia, también necesita recuperar el sindicalismo como herramienta de lucha social y no como escudo para la corrupción. Mientras Joviel Acevedo siga siendo intocable, el mensaje sigue siendo claro: el poder y los pactos pesan más que la educación y la ley.