Julio Ligorría, exembajador de Guatemala en Washington durante el gobierno del Partido Patriota (PP), vuelve a escena, no por sus méritos diplomáticos ni por su experiencia como consultor internacional, sino por la sombra de la impunidad que lo protege.
Desde 2011, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la entonces Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) lo señalaron en el caso Construcción y Corrupción. Según las investigaciones, Ligorría habría utilizado sus contactos para gestionar aportes ilícitos que financiaron la campaña del PP, encabezada por Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti. Se le acusaba de lavado de dinero y financiamiento electoral ilícito —delito que posteriormente fue reformado como financiamiento electoral no registrado—.
En esa red, Alejandro Sinibaldi jugaba un rol clave y Ligorría habría sido uno de los arquitectos de la estrategia. De acuerdo con Iván Velásquez, entonces jefe de la CICIG, declaraciones del exgerente de Telgua, Julio Carlos Porras Zadik, confirmaron que la empresa entregó fondos al PP a través de 12 cheques y 20 facturas emitidas a seis compañías, como parte de una operación diseñada por Ligorría para resolver un litigio empresarial.
Ligorría detenido en España
En septiembre de 2017, Ligorría fue detenido en España, donde también posee ciudadanía. Sin embargo, la justicia española lo dejó en libertad al no encontrar indicios en su contra. Pese a los señalamientos, logró esquivar la justicia guatemalteca hasta que el caso fue finalmente sepultado en agosto de 2025.
Cierran caso contra Julio Ligorría
La jueza de Mayor Riesgo D, Abelina Cruz, cerró el expediente en una audiencia a puerta cerrada, atendiendo la petición de la actual FECI, dirigida por Rafael Curruchiche. El Ministerio Público, bajo Consuelo Porras, argumentó que tras un “análisis extenso” no existían elementos para continuar la persecución penal. Así, un caso emblemático de corrupción terminó archivado, pese a la oposición de la Procuraduría General de la Nación.
El desenlace refleja un patrón: con Porras y Curruchiche al frente, los casos de alto impacto contra exfuncionarios y operadores políticos se desploman. La caída del expediente contra Ligorría confirma cómo el sistema judicial guatemalteco continúa siendo cooptado para blindar a quienes, desde el poder, construyeron estructuras de corrupción.