Lesther Castellanos es un nombre que resuena en los círculos judiciales de Guatemala, pero no precisamente por sus méritos en la lucha contra la corrupción, sino por las acusaciones que lo rodean.
Este magistrado guatemalteco ha sido señalado repetidamente por corrupción judicial y ha mantenido estrechas relaciones con personas acusadas de los mismos delitos, como Omar Barrios y Ricardo Méndez Ruiz, de la Fundación contra el Terrorismo (FCT).
Castellanos, quien fue juez de primera instancia en procesos de mayor riesgo en Quetzaltenango, llegó a ser elegido por el Congreso de la República como Relator Titular de la Oficina de Prevención Contra la Tortura y Otros Tratos Crueles e Inhumanos o Degradantes.
Lesther Castellanos incluido en la lista Engel
Sin embargo, su trayectoria está manchada por graves acusaciones. En 2023, el Departamento de Estado de Estados Unidos (EE. UU.) lo incluyó en la Lista Engel, que reúne a “actores corruptos y antidemocráticos”. Este hecho por sí solo debería ser motivo suficiente para que su carrera judicial fuera seriamente cuestionada.
Una de las acusaciones más graves en su contra es la de socavar procesos o instituciones democráticas, como fue el caso de la exfiscal Virginia Laparra, exjefa de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) en Quetzaltenango.
Laparra fue privada de su libertad injustamente debido a las represalias de Castellanos, quien fue denunciado por la exjefa de la FECI por haber gestionado de manera irregular un expediente cuando él fungió como titular en un Juzgado de Mayor Riesgo de Quetzaltenango.
Sin embargo, esa denuncia fue archivada por el Ministerio Público (MP) a cargo de Consuelo Porras, quien también ha sido cuestionada por su actuar. Castellanos accionó legalmente en contra de la exfiscal, quien fue condenada a cuatro años de cárcel conmutables a razón de Q10 diarios por el delito de abuso de autoridad en forma continuada.
Complicidades
Lo anterior evidencia la red de complicidades y corrupción que permea las instituciones guatemaltecas, donde figuras como Castellanos se sienten intocables.
Colectivos y organizaciones nacionales e internacionales han calificado las acciones de Castellanos como una «persecución política» en contra de aquellos que han luchado contra la corrupción y la impunidad en el país. Su influencia en el sistema judicial ha sido perjudicial para la búsqueda de justicia y el fortalecimiento de la democracia.
Lesther Castellanos se resiste
Un ejemplo claro de su resistencia a los cambios es el reciente intento de mantenerse en la presidencia de la Oficina contra la Tortura, a pesar de que su mandato había terminado. El pasado 25 de marzo debió asumir como presidenta Jennifer Alejandra Aldana García, pero Castellanos se negó a entregar el cargo, argumentando supuestas irregularidades en el proceso, según información del vespertino LaHora.
Según él, Aldana García no puede asumir porque figura como suplente en el acuerdo de juramentación del Congreso de la República. Sin embargo, la ley establece claramente que los suplentes asumirán la titularidad en caso de vacante o ausencia temporal de un relator, lo cual incluye el término del mandato del titular. Castellanos está incurriendo en un delito al negarse a entregar la presidencia, violando la ley y socavando la institucionalidad del país.
La obstinación de Castellanos por mantener el control de la Oficina contra la Tortura es solo un ejemplo más de su actitud corrupta y antidemocrática. Es hora de que las autoridades guatemaltecas tomen medidas firmes contra él y contra todos aquellos que han abusado de su poder para beneficio personal y en detrimento del país.
La justicia y la transparencia son fundamentales para el desarrollo de Guatemala, y figuras como Castellanos son un obstáculo en el camino hacia un futuro más justo y democrático.