El 19 de julio de 2023, el Departamento de Estado de los Estados Unidos publicó una nueva versión de su listado de actores corruptos y antidemocráticos en Centroamérica, conocido como la Lista Engel. Entre los diez nombres guatemaltecos incluidos en esta actualización, destacó el de Omar Ricardo Barrios Osorio, abogado litigante y figura pública con múltiples vínculos con estructuras de poder cuestionadas en el país.
Barrios Osorio ha ocupado cargos estratégicos en instituciones públicas: fue presidente de la Junta Directiva de la Comisión Nacional Portuaria (CNP) y también se desempeñó como catedrático en la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala (USAC). Su presencia en la vida pública no es menor, y su nombre ha estado asociado a decisiones clave que han afectado el curso del combate a la corrupción y la independencia judicial en el país.
Señalamientos desde EE. UU. contra Omar Barrios
De acuerdo con el Departamento de Estado de EE. UU., Barrios Osorio desvirtuó procesos o instituciones democráticas al conspirar para intimidar y hostigar a exfiscales anticorrupción por denunciar actividades corruptas. Según el mismo documento, habría participado activamente en la persecución de figuras clave en la lucha contra la impunidad, como los exfiscales anticorrupción Virginia Laparra y Juan Francisco Sandoval, ambos ahora en el exilio.
No fue una coincidencia que Barrios Osorio apareciera como querellante adhesivo en el caso promovido por el Ministerio Público contra Virginia Laparra, un proceso ampliamente criticado por organizaciones nacionales e internacionales como parte de la criminalización de operadores de justicia.
Lejos de mantener una postura académica o legal objetiva, este abogado adoptó una actitud hostil contra quienes lideraron procesos anticorrupción, al mismo tiempo que sostenía públicamente su rechazo a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una entidad que durante más de una década destapó redes criminales dentro del Estado guatemalteco.
Cercano al poder y al «Pacto de Corruptos»
Barrios Osorio ha sido un defensor abierto del gobierno de Alejandro Giammattei y mantiene vínculos cercanos con la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y más de 40 países por obstaculizar investigaciones de corrupción. Su nombre también ha sido vinculado al exrelator contra la tortura Lesther Castellanos, otra figura señalada por Estados Unidos, y la Fundación contra el Terrorismo, a cargo de Ricardo Méndez Ruiz, quien está detrás de los arrestos de periodistas y exfiscales anticorrupción.
Estas conexiones han llevado a que se le identifique como parte del llamado Pacto de Corruptos, una red informal de políticos, funcionarios y particulares que han trabajado activamente por desmantelar los avances en justicia independiente alcanzados durante la era de la CICIG y la antigua FECI.
Promotor de desinformación
Además de su actuación en el ámbito legal, Barrios mantiene una activa presencia en redes sociales, donde promueve discursos alineados con el Pacto de Corruptos, y ataca constantemente a periodistas, medios independientes y organizaciones de derechos humanos. Cuentas de netcenter han sido utilizadas para amplificar sus mensajes, muchas veces difundiendo desinformación y ataques personales, una estrategia bien documentada por observadores del ecosistema digital guatemalteco.
La inclusión de Omar Barrios en la Lista Engel no es un hecho aislado ni simbólico. Es una señal directa de la comunidad internacional sobre el papel que ciertos individuos han jugado para garantizar la impunidad en Guatemala. Barrios, desde su posición como abogado y figura cercana al poder, ha contribuido a la criminalización de jueces y fiscales, al debilitamiento del Estado de Derecho y al ataque sistemático contra quienes aún luchan por una justicia independiente.