Basado en una investigación de Insight Crime, este artículo analiza el peligroso entramado de poder construido por Ricardo Méndez Ruiz a través de la Fundación contra el Terrorismo (FCT) en Guatemala. Bajo la bandera de la “lucha contra el comunismo” y el revisionismo histórico, la FCT ha distorsionado el sistema de justicia con un claro objetivo: reprimir a quienes buscan verdad y justicia por los crímenes del pasado.
Desde su creación, la Fundación contra el Terrorismo ha operado como un brazo de persecución contra jueces, fiscales y defensores de derechos humanos que han trabajado en casos de justicia transicional. Lejos de ser una organización legítima de defensa, la FCT ha sido instrumental en el hostigamiento legal de figuras clave en la lucha contra la impunidad, promoviendo denuncias infundadas y utilizando el aparato judicial para silenciar voces críticas.
Uno de los principales objetivos de la FCT fue la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y su legado. La organización ha usado una estrategia sistemática para revertir los avances en el combate a la corrupción y la justicia transicional, criminalizando a exfiscales, jueces independientes y periodistas. Un caso emblemático es el de la exfiscal Virginia Laparra, quien ha sido víctima de una persecución política impulsada por la fundación de Méndez Ruiz.
Ricardo Méndez Ruiz: De revisionista a operador judicial
Méndez Ruiz, incluido en la lista de actores corruptos de Estados Unidos, ha construido su figura sobre la manipulación del discurso histórico, presentando a los criminales de guerra como víctimas y a las víctimas como enemigos de la patria. Su padre, un militar que desempeñó un papel clave en los años más oscuros de la represión estatal, ha sido central en la narrativa de la FCT, que busca reivindicar a los perpetradores de crímenes de lesa humanidad y deslegitimar las sentencias en su contra.
La estrategia de Méndez Ruiz no es nueva, pero ha encontrado en el debilitamiento de las instituciones democráticas de Guatemala el terreno fértil para consolidar su influencia. Con el apoyo de sectores militares y empresariales ultraconservadores, la FCT ha logrado instalar un clima de miedo y represión en el ámbito judicial, obligando a decenas de operadores de justicia a exiliarse.
Un sistema de justicia cooptado
El poder de la FCT no se entiende sin el respaldo del Ministerio Público de Consuelo Porras y el Pacto de Corruptos. Bajo su administración, el Ministerio Público ha servido como herramienta para ejecutar la agenda de Méndez Ruiz, permitiendo la judicialización de casos espurios contra exfuncionarios honestos y protegiendo a redes de corrupción y crimen organizado.
La reciente ofensiva contra periodistas y medios de comunicación críticos es otra prueba del alcance de la FCT. Ricardo Méndez Ruiz ha impulsado demandas contra el periodismo independiente, buscando amedrentar y censurar cualquier intento de exponer su red de manipulación judicial. Su obsesión por controlar la narrativa ha llegado al punto de exigir condenas ejemplares para comunicadores que se atreven a desafiar su versión de la historia.
El peligro de la impunidad
La impunidad con la que opera la FCT no solo afecta a las víctimas directas de su persecución, sino que socava las bases del Estado de derecho en Guatemala. Si el sistema judicial sigue siendo utilizado como un arma de represión, el país se enfrenta a un retroceso democrático sin precedentes.
Es fundamental que la comunidad internacional mantenga la presión sobre el gobierno guatemalteco y que las organizaciones de derechos humanos continúen denunciando el uso del aparato judicial para fines políticos. Ricardo Méndez Ruiz y la FCT representan una amenaza para la justicia y la memoria histórica, y su influencia debe ser desmontada antes de que sea demasiado tarde.
Artículo original de Insight Crime: Ricardo Méndez Ruiz y el arte del terror judicial en Guatemala