El exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Juan Francisco Sandoval, denunció que el sistema de justicia en Guatemala utiliza un “método sistemático” para archivar querellas y limitar el derecho ciudadano a denunciar abusos y actos de corrupción. La denuncia fue hecha en una columna de opinión publicada en el medio digital Epicentro.
Sandoval, actualmente en el exilio en Estados Unidos, explicó que la figura de la desestimación, que debería ser un mecanismo excepcional, se ha convertido en una herramienta frecuente para blindar la impunidad. Según el exfiscal, los tribunales están priorizando resoluciones que aparentan legalidad, pero que en realidad anulan el derecho de los ciudadanos a plantear denuncias.
En su columna, Sandoval relató dos casos concretos. El primero fue contra la fiscal Leonor Eugenia Morales Lazo, a quien señaló de insertar datos falsos en actas y oficios dirigidos a Interpol, así como de utilizar indebidamente el Juzgado de Diligencias Urgentes. Aunque los hechos, según Sandoval, encajaban en delitos como falsedad ideológica y abuso de autoridad, la jueza archivó el caso sin analizar las pruebas propuestas, incluso en ausencia de su mandataria judicial.
El segundo caso fue contra Rafael Curruchiche, actual jefe de la FECI, a quien acusó de haber firmado un documento falso en 2022 que aseguraba que Sandoval ya había sido declarado rebelde. Esa supuesta falsedad fue utilizada como excusa para cerrar el trámite de la querella. El 1 de octubre de 2025, la jueza autorizó el archivo del caso bajo el argumento de que era “imposible continuar sin la presencia física del denunciante”, pese a que la ley permite declaraciones por videoconferencia y a que la mandataria de Sandoval estaba acreditada.
Trabas al derecho de defensa
Para el exfiscal, este tipo de resoluciones muestran un patrón claro: desviar la atención de los hechos denunciados hacia la persona que denuncia. “Se vacía la querella de todo contenido”, afirmó.
Sandoval advirtió que lo que está en juego no es un trámite personal, sino el derecho ciudadano a denunciar cuando un funcionario público miente o abusa de su cargo. “Mi exilio no puede ser usado como excusa para archivar”, señaló, al recalcar que si hoy se crean obstáculos contra él, mañana podrían aplicarse contra cualquier ciudadano.
“El derecho a la defensa y el acceso a la justicia no desaparecen porque la víctima resulte incómoda”, concluyó Sandoval en su columna.
Fuente: Columna de opinión de Juan Francisco Sandoval publicada en Epicentro