La Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), liderada por Mario Siekavizza, se niega a entregar el cargo a las nuevas autoridades electas, en un intento por prolongar su permanencia en el poder. Este movimiento ha generado un enfrentamiento institucional con la nueva directiva encabezada por Patricia Gámez, quien denuncia una estrategia deliberada para obstaculizar la transición y favorecer intereses políticos.
El CANG juega un papel clave en la designación de altas autoridades judiciales, incluyendo magistrados de la Corte de Constitucionalidad y el próximo Fiscal General. La negativa de Siekavizza y su equipo para entregar el mando plantea serias dudas sobre su intención de asegurar la elección de un Fiscal General alineado con los intereses de Consuelo Porras y otros sectores del poder.
Maniobras para frenar el cambio en el CANG
El 19 de marzo, la Junta Directiva saliente anunció, a través de un comunicado, la suspensión de labores a nivel nacional, argumentando que la medida responde a «bloqueos y manifestaciones» y a la necesidad de realizar «mantenimiento del sistema y la red de informática». Sin embargo, el 20 de marzo, cuando los nuevos dirigentes se presentaron en la sede del CANG para asumir sus funciones, encontraron las instalaciones cerradas y sin personal trabajando, lo que refuerza las sospechas de una maniobra para impedir la transición.
A esta acción se suma la apelación interpuesta por los abogados Diego Sagastume y Ricardo Sagastume, utilizada como argumento por Siekavizza y su equipo para no dar posesión a la nueva directiva. La Junta saliente sostiene que la impugnación tiene «efectos suspensivos» hasta que la Asamblea de Presidentes de Colegios Profesionales (Apcop) resuelva el caso, lo que podría retrasar indefinidamente la toma de posesión de las nuevas autoridades.
Contrario a la decisión de la anterior directiva del CANG, el Tribunal de Honor 2023-2025 confirmó que respeta su período y no continuará en funciones. Por lo que la negativa de Siekavizza y su equipo a entregar el mando evidencia un intento de aferrarse al poder y controlar el proceso de elección de altas cortes.
Nueva directiva del CANG rechaza bloqueo
Patricia Gámez, presidenta electa del CANG, calificó de «ilegal» la acción de la Junta saliente y aseguró que su equipo asumirá sus funciones según lo establece la ley.
«El punto resolutivo del comunicado de ayer es completamente ilegal y nosotros vamos a asumir las funciones para las que hemos sido llamados», afirmó.
Por su parte, Jorge López, vicepresidente del Tribunal de Honor del CANG, reiteró que la nueva directiva debe asumir el cargo en respeto a la decisión de las 17 mil personas que votaron en las elecciones de febrero pasado. En contraste, la directiva saliente ha evitado atender a la prensa y responder sobre sus decisiones.
La falta de transparencia y la resistencia a respetar los resultados electorales ponen en entredicho la institucionalidad del CANG y su independencia en un momento clave para la justicia del país.