El Consejo de la Unión Europea (UE) anunció la imposición de medidas restrictivas contra tres personas y una entidad relacionadas con acciones que, según el organismo, vulneran la democracia y el estado de derecho en Guatemala.
Entre los sancionados se encuentran la Fundación contra el Terrorismo (FCT), su presidente Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés, su representante legal Raúl Amílcar Falla Ovalle, y el juez penal de primera instancia del Décimo Tribunal de Guatemala, Jimi Rodolfo Bremer Ramírez.
El Consejo señala que estos actores han participado en la persecución e intimidación de periodistas, defensores de derechos humanos, líderes indígenas, operadores judiciales independientes y funcionarios electos, debilitando así las bases democráticas del país.
Según el comunicado, la FCT y sus miembros han impulsado múltiples investigaciones penales contra representantes de la justicia, medios de comunicación y autoridades gubernamentales, además de generar un ambiente de intimidación contra la sociedad civil y el sistema judicial. En tanto, el juez Bremer Ramírez es señalado por actos similares de persecución e intimidación en contra de profesionales del derecho y la prensa.
Las sanciones de la UE
Las sanciones incluyen la congelación de activos de las personas y entidad designadas, así como una prohibición para que ciudadanos y empresas de la Unión Europea les faciliten fondos. Además, las personas sancionadas tienen prohibido viajar o transitar por los territorios europeos.
El Consejo de la UE aclaró que estas medidas son específicas y buscan responsabilizar únicamente a quienes contribuyen a socavar la democracia, el estado de derecho y la transferencia pacífica del poder en Guatemala, sin afectar al país ni a su población en general.
La Unión Europea reafirmó su compromiso con la democracia guatemalteca y el gobierno del presidente Bernardo Arévalo, cuya elección en 2023 fue validada por la Misión de Observación Electoral de la UE. Además, la UE continuará colaborando con Guatemala para impulsar una agenda nacional positiva y promover un desarrollo sostenible e inclusivo.
Esta acción se enmarca en el marco de medidas restrictivas adoptado por la UE el 12 de enero de 2024 para respaldar la transición democrática en Guatemala y sancionar a quienes obstaculizan este proceso.