El expresidente Alejandro Giammattei y el exjefe de la desaparecida Comisión Presidencial Centro de Gobierno, Miguel Martínez, enfrentan un nuevo señalamiento de corrupción. Esta vez, ambos estarían vinculados al caso de defraudación tributaria conocido como B410, una estructura criminal que, según la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), defraudó al Estado por más de Q300 millones durante la administración de Giammattei.
La denuncia penal contra Giammattei y Martínez
El diputado José Chic, subjefe de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad (VOS), presentó una querella penal contra Giammattei y Martínez, acusándolos de participar activamente en el esquema de defraudación.
Según Chic, el expresidente y su cercano colaborador habrían facilitado el funcionamiento de una red de empresas que, a través de mecanismos fraudulentos, evadió el pago de impuestos.
Entre los delitos señalados contra Giammattei se incluyen:
- Incumplimiento de deberes
- Abuso de autoridad
- Tráfico de influencias
- Asociación ilícita
- Pacto colusorio
En el caso de Miguel Martínez, la querella lo acusa de:
- Tráfico de influencias
- Abuso de autoridad
- Asociación ilícita
El diputado Chic hizo énfasis en que esta estructura se consolidó durante el gobierno de Giammattei, utilizando empresas para prestar servicios al Estado y evadiendo el pago de millones en impuestos. «Esperamos que el Ministerio Público realice una investigación objetiva e imparcial y que termine con el proteccionismo que beneficia a exfuncionarios del gobierno de Giammattei», declaró Chic.
La estructura de B410
La SAT reveló en agosto que la red de defraudación, conocida como B410, operó con 410 empresas, el 75% de las cuales tenían un solo representante legal. La mayoría de estas compañías estaban registradas como pequeños contribuyentes y compartían el mismo contador y direcciones fiscales falsas en la colonia Bamvi de la zona 7 capitalina.
El fraude implicaba transacciones entre las propias empresas por un monto total de 6.4 billones de quetzales, de los cuales 2.3 billones correspondían a compras y ventas entre estas compañías fantasma. Con esto, lograron evadir el pago de más de 300 millones de quetzales en impuestos, superando incluso el famoso caso La Línea, que involucraba un fraude fiscal de 37 millones de quetzales.
La conexión con Giammattei y Martínez
El diputado Chic aseguró que Giammattei estaba al tanto del funcionamiento de esta red y que, bajo su mandato, se facilitó su operación. Sin embargo, corresponde al Ministerio Público investigar más a fondo el grado de participación del expresidente. Miguel Martínez, estrecho colaborador de Giammattei y exdirector del extinto Centro de Gobierno, también es señalado de utilizar su posición para favorecer esta estructura criminal, utilizando su influencia dentro del gobierno.
Este caso es uno de los más grandes en términos de defraudación fiscal en la historia reciente de Guatemala, y tanto Giammattei como Martínez enfrentan la posibilidad de investigaciones judiciales que podrían desvelar más detalles sobre su implicación.
El futuro de la investigación
Con la querella presentada, el proceso ahora está en manos del Ministerio Público, que deberá decidir si procede con una investigación formal. Este caso pone en el foco nuevamente la relación entre Giammattei y Martínez, así como los cuestionamientos sobre la transparencia y la justicia en la administración pública. Los ojos están puestos en la fiscal general Consuelo Porras, quien ha sido señalada por proteger a figuras del gobierno anterior, y quien deberá decidir si investiga o no a sus cercanos aliados.
La querella se encuentra en el Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente, y promete ser uno de los casos más seguidos en los próximos meses, dado el impacto que tiene sobre el sistema tributario del país y las altas figuras políticas involucradas.