Guatemala se encuentra inmersa en una crisis política y judicial que ha llevado a Estados Unidos (EE. UU.), España y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) a expresar su condena por el asedio judicial que sufren los magistrados del Tribunal Supremo Electoral (TSE), el binomio presidencial electo y exintegrantes de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Esta situación, relacionada con el ámbito electoral y político, ha generado inquietudes sobre la transición pacífica del poder después de las elecciones presidenciales en el país.
Matthew Miller, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos, emitió un comunicado expresando la profunda preocupación de su país ante el reciente allanamiento de la sede del TSE, calificándolo como una «acción antidemocrática» que socava las instituciones de Guatemala. En sus palabras, subrayó la importancia de respetar la voz del pueblo guatemalteco y su elección democrática.
El conflicto se agravó cuando personal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) confiscaron material electoral el sábado, 30 de septiembre de 2023, argumentando la necesidad de investigar denuncias de irregularidades en las elecciones de junio. Este proceso se tornó caótico, pues fiscales y agentes de la Policía Nacional Civil agredieron a magistrados electorales. No obstante, observadores locales e internacionales habían previamente declarado que no existían pruebas de fraude electoral.
La situación adquiere un giro inesperado al conocerse que las actas de votación incautadas corresponden a la primera vuelta electoral, que sorpresivamente encaminó a Bernardo Arévalo a una victoria en el balotaje en agosto. Arévalo denunció las sucesivas operaciones de la fiscalía contra el Tribunal Supremo Electoral, incluyendo allanamientos anteriores, como un «golpe de Estado en curso» destinado a impedir que asuma la presidencia en enero y reemplace a Alejandro Giammattei.
Estados Unidos señaló a la fiscal general Consuelo Porras y al fiscal Rafael Curruchiche, quienes están a cargo de las operaciones contra el máximo organismo electoral, como «corruptos» y «antidemocráticos». El Departamento de Estado anunció medidas para imponer restricciones de visa a individuos que socaven la democracia en Guatemala, incluyendo miembros actuales y anteriores del Congreso y actores judiciales.
ONU y España alzan la voz
La ONU, a través de su alto comisionado para los Derechos Humanos, Volker Türk, también expresó su profunda preocupación por la situación. Türk resaltó la lista de acciones preocupantes que parecen diseñadas para minar el proceso electoral y socavar el estado de derecho en Guatemala. Instó a las autoridades guatemaltecas a abstenerse de desafiar la voluntad del voto popular y garantizar el respeto pleno del derecho de reunión pacífica.
La Unión Europea y la Organización de los Estados Americanos se unieron a las críticas, condenando el allanamiento de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), autorizado por el juez Fredy Orellana, quien también es señalado por Estados Unidos como «corrupto» y «antidemocrático». El gobierno de España, por su parte, emitió un comunicado manifestando su preocupación y respaldando la integridad del proceso electoral guatemalteco.
En este escenario, la situación en Guatemala sigue siendo un tema de gran relevancia que requiere una atención constante y un seguimiento cuidadoso, ya que está en juego la estabilidad democrática y el respeto por el estado de derecho en el país centroamericano.
Actores de esta crisis política-electoral
En medio de la crisis política y electoral en Guatemala, se han identificado a varios actores clave señalados como responsables de la persecución y las acciones que han generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional.
Los principales señalados de esta crisis política-electoral son:
- Consuelo Porras: Fiscal General del Ministerio Público.
- Rafael Curruchiche: Jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad.
- Cinthia Monterroso y Noé Rivera: Fiscales.
- Juez Fredy Orellana: señalado por Estados Unidos como «corrupto» y «antidemocrático».
- Fundación contra el Terrorismo: Se ha relacionado a esta organización con acciones que socavan el proceso electoral y la persecución contra exoperadores de justicia.
- Magistrada Blanca Stalling y Juez Jimmi Bremer: Estos dos funcionarios judiciales han iniciado una persecución contra operadores de justicia.
Persecución contra operadores anticorrupción
Los personajes mencionados anteriormente en este artículo son responsables de iniciar una persecución contra reconocidos operadores anticorrupción a nivel internacional debido a su incansable labor en Guatemala. Claudia González, exmandataria de la CICIG, y el exjuez Carlos Ruano, quien se vio obligado a abandonar el país después de una carrera de 14 años en el Organismo Judicial, enfrentando el riesgo de ser arrestado o incluso perder la vida.
En relación a Claudia González, quien fue detenida desde el 28 de agosto de 2023, se le señaló por supuesto abuso de autoridad cuando estaba a cargo de una investigación contra la magistrada de la Corte Suprema de Justicia, Blanca Stalling.
González fue procesada en audiencia a puerta cerrada por su presunta implicación en el caso Persecución Penal Ilegal. El juez Jimmi Bremer, también señalado como “actor corrupto», otorgó al Ministerio Público tres meses para que presente el acto conclusivo de la investigación. El equipo legal de la exmandataria de CICIG explicó que no se le podía aplicar ese delito porque ella no ejerció como funcionaria cuando laboró para la Comisión.
La Organización de las Naciones Unidas expresó su preocupación por el acoso y los procesos penales contra exfuncionarios de la CICIG por actividades relacionadas con su trabajo de investigación y enjuiciamiento de casos de corrupción. El Alto Comisionado de la ONU, Volker Türk, recordó la contribución crucial de la CICIG en la lucha contra la corrupción y la impunidad, y ha llamado a las autoridades a cesar cualquier represalia o acto de intimidación contra su expersonal.
La CICIG fue una iniciativa de la propia Organización de Naciones Unidas, creada en 2006 y desmantelada de manera unilateral en 2019 por el Gobierno de Jimmy Morales.
Analistas consideran que el caso de Claudia González coincide con una campaña de criminalización y persecución política desde el Ministerio Público de Consuelo Porras contra quienes colaboraron con ese proyecto, lo que ha llevado a la preocupación de que puedan terminar injustamente presos o exiliados como el caso de Carlos Ruano. Esta situación representa un desafío importante para la democracia y el estado de derecho en Guatemala.