El Procurador General de la Nación (PGN), Julio Saavedra, acompañado del secretario General de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, presentaron una solicitud de retiro de antejuicio dirigida contra la fiscal general y jefa del Ministerio Público (MP), Consuelo Porras.
La presentación de la acción legal tuvo lugar en la Gestión Penal de la Torre de Tribunales, donde Saavedra, al frente del PGN, anunció:
«Siguiendo las instrucciones directas del Presidente de la República, la Procuraduría General de la Nación, bajo mi liderazgo, ha interpuesto una querella penal y solicitud de retiro de antejuicio en contra de la fiscal general».
Acusación contra Consuelo Porras
El origen de esta querella se remonta al pasado 29 de enero de 2024, cuando la fiscal declinó participar en una junta de Gabinete de Gobierno a la que había sido convocada por el presidente Bernardo Arévalo. Esta reunión tenía por objeto principal discutir políticas y acciones estatales destinadas a combatir la impunidad, la corrupción y a garantizar los derechos humanos.
Con la misma, se busca que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) inicie el trámite para despojar a la jefa del MP de su inmunidad por haberse negado a participar en la citación que el presidente, Bernardo Arévalo, le hizo para el pasado 29 de enero, se afirmó.
Saavedra explicó con meticulosidad que la negativa de la fiscal para participar en esta reunión se considera un presunto incumplimiento de deberes, según lo establecido en el Artículo 419 del Código Penal.
Además, resaltó que esta acción legal se fundamenta en el artículo 4 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual establece las directrices para la coordinación entre el Presidente y la Fiscal General.
A favor del Estado de Derecho
Saavedra explicó que la acción legal que se emprendió en contra de la Fiscal General tiene como objetivo evitar que cualquier funcionario pueda actuar en contra del Estado de Derecho.
“No podemos nosotros considerar que por las prácticas para mantener ese estado de legalidad, que lo que hace es evadir el sometimiento al Estado de Derecho, nosotros vengamos aquí a dar un paso atrás. Al contrario, estamos aquí para defender los intereses del Estado de Guatemala y para buscar justicia, y para buscar que estos funcionarios públicos, y cualquier funcionario público, sea sometido al Estado de Derecho”, afirmó.
El titular de la PGN agregó que se espera que se se le dé el trámite correspondiente a lo solicitado, porque: “se trata de un cumplimiento estricto de las leyes y de no dejarnos sorprender por formas y por estados de legalidad aparentes, que en realidad lo que han hecho es eludir el Estado de Derecho. Me refiero a cualquier institución que pueda estar actuando en un estado de legalidad y que eluda el Estado de Derecho”.
En manos de los tribunales el futuro de Consuelo Porras
Por su parte, el secretario general de la Presidencia, Juan Gerardo Guerrero, respaldó enérgicamente la presentación de esta acción legal, afirmando que es parte de una serie de análisis exhaustivos realizados desde el Ejecutivo.
«Es de suma importancia reforzar el Estado de Derecho en nuestro país. Esta acción es solo el primer paso de una serie de medidas que tomaremos en contra de la corrupción y a favor del Estado de Derecho», afirmó Guerrero con determinación.
Tras la presentación de la solicitud, ahora corresponderá a los Tribunales de Justicia evaluarla y designar a un fiscal especial para investigar las implicaciones de la negativa de la fiscal general a participar en las reuniones de Gabinete convocadas por el presidente.
«La fiscal tiene la obligación de participar en las convocatorias del Presidente para coordinar políticas de Estado. Su ausencia representa una violación de deberes fundamentales», concluyó Saavedra con determinación.