Mientras el Ministerio Público (MP) atravesaba una de las mayores crisis de credibilidad de su historia, su cúpula continuaba acumulando salarios y bonos que difícilmente pasan desapercibidos para los contribuyentes guatemaltecos.
Los datos revelados por la nueva administración muestran que solo en marzo Consuelo Porras recibió Q132 mil 240.30. De esa cantidad, Q60 mil 995.15 correspondieron únicamente al denominado Bono Extraordinario de Marzo, una cifra superior al salario mensual que perciben miles de profesionales en Guatemala durante todo un año de trabajo.
Pero Porras no era la única beneficiada. Su entonces secretario general, Ángel Pineda, percibió Q94 mil 467 en el mismo mes, de los cuales Q43 mil 108.50 provinieron de bonos extraordinarios. Juan Luis Pantaleón, encargado de Comunicación y Prensa, recibió Q59 mil 384, incluyendo Q28 mil 567 en bonificaciones adicionales. Por su parte, Melvin Portillo obtuvo Q70 mil 573, mientras que Miguel Estuardo Ávila Vásquez sumó Q68 mil 153.
Más de Q400 mil en un solo mes
En conjunto, este reducido grupo de funcionarios recibió más de Q418 mil en un solo mes. Lo más llamativo es que casi la mitad de esa cifra, Q199 mil 283.50, correspondió a bonos extraordinarios.
Las cifras resultan inevitables de contrastar con el legado que dejó la gestión de Porras. Durante esos años, el Ministerio Público fue objeto de fuertes cuestionamientos dentro y fuera del país, fiscales anticorrupción abandonaron Guatemala denunciando persecución, y la institución perdió gran parte de la confianza ciudadana que alguna vez tuvo.
Se desconocen salarios de exfuncionarios
Sin embargo, la publicación también deja interrogantes. En el listado difundido por la actual administración del MP no aparecen exfuncionarios que recientemente presentaron su renuncia o fueron destituidos, como Rafael Curruchihce, exjefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Dimas Jiménez y Jiménez, exfiscal regional metropolitano, y Julio Recinos, exjefe de la Fiscalía de Extinción de Dominio. La razón podría estar en que ambos eran considerados personal de confianza y habrían sido contratados bajo el renglón 029, por lo que sus remuneraciones no figuran en la información divulgada.
La discusión no gira únicamente sobre cuánto ganaban, sino sobre qué resultados entregaron a cambio. Mientras la imagen del ente investigador se deterioraba y aumentaban las críticas por decisiones consideradas selectivas o politizadas, los principales funcionarios continuaban percibiendo remuneraciones que los colocaban entre los empleados públicos mejor pagados del país.
Los datos conocidos esta semana exponen una realidad incómoda: mientras la credibilidad del Ministerio Público se desplomaba, los privilegios económicos de su círculo más cercano parecían mantenerse intactos.