El Ministerio Público (MP), ahora bajo la dirección del fiscal general Gabriel García Luna, desistió de la persecución penal que había sido promovida desde 2022 contra periodistas y columnistas de elPeriódico, un caso que fue señalado por diversos sectores como una amenaza a la libertad de expresión en Guatemala.
La decisión fue confirmada por el periodista Alexánder Valdez, uno de los comunicadores perseguidos judicialmente, luego de ser notificado sobre un memorial presentado por la Fiscalía ante la Corte de Constitucionalidad (CC), en el que se informa el abandono de las acciones legales impulsadas durante la administración de la exfiscal general Consuelo Porras.
“Este es un gran mensaje para el respeto a la libertad de expresión y el trabajo de la prensa en el país», expresó Valdez tras conocer la resolución.
Persecución promovida por Consuelo Porras
La persecución había sido promovida durante la gestión de Porras, quien dirigió el MP entre 2018 y 2026. La Fiscalía buscaba que un grupo de periodistas y columnistas fuera investigado por el delito de obstrucción a la justicia debido a publicaciones y opiniones relacionadas con el proceso penal contra el periodista José Rubén Zamora Marroquín, fundador de elPeriódico.
Según la postura sostenida en aquel momento por el MP, los contenidos difundidos por los comunicadores afectaban el honor de la entonces fiscal general. Sin embargo, distintas instancias judiciales rechazaron que el caso pudiera tramitarse por la vía penal.
Entre las personas perseguidas figuraban la exdirectora de elPeriódico, Julia Corado; el exjefe de información, Gerson Ortiz; los periodistas Cristian Vélix, Rony Ríos, Denis Aguilar y Alexánder Valdez; así como los excolumnistas Gonzalo Marroquín y Edgar Gutiérrez.
El caso no puede dirimir por la vía penal
El Juzgado Quinto Penal, la Sala Tercera de Apelaciones y posteriormente la Corte Suprema de Justicia coincidieron en que cualquier controversia relacionada con publicaciones periodísticas debía ser conocida por un Tribunal de Imprenta, mecanismo contemplado en la Ley de Emisión del Pensamiento para resolver asuntos vinculados con la libertad de expresión.
La decisión del Ministerio Público marca un giro en la postura institucional respecto a este caso y pone fin a una investigación que permaneció activa durante casi cuatro años. Diversas organizaciones de prensa y defensores de derechos humanos habían cuestionado el proceso al considerar que podía tener efectos intimidatorios sobre el ejercicio periodístico y la crítica pública.