Durante una conferencia de prensa, la fiscal general Consuelo Porras y el secretario general del Ministerio Público (MP), Ángel Pineda, ambos señalados de actores corruptos y antidemocráticos por Estados Unidos y la Unión Europea, protagonizaron un vergonzoso episodio de censura, arremetiendo contra tres periodistas que preguntaron sobre la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del MP, presentada por el presidente Bernardo Arévalo al Congreso.
Los periodistas Diego España, de La Hora; Dulce Rivera, de Soy 502; y Fredy Montepeque, de Plaza Pública, fueron señalados en un espectáculo que pone en peligro la libertad de prensa en Guatemala.
España cuestionó a Consuelo Porras sobre la falta de avance en las investigaciones contra Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, luego de que Pineda asegurara en una publicación de La Hora que habría resultados. También preguntó por qué Porras consideraba un obstáculo para el gobierno de Bernardo Arévalo, pero no hizo lo mismo con Giammattei y Martínez.
La respuesta de Porras no fue más que una estrategia para evadir las preguntas y atacar al medio de comunicación. Su amenaza velada de que los periodistas podrían cometer un delito por no denunciar lo que ellos consideran como delito muestra una intolerancia alarmante hacia la prensa crítica.
Consuelo Porras y Ángel Pineda desacreditan labor periodística
Por su parte, Dulce Rivera indagó sobre las denuncias contra el gobierno de Giammattei y cuestionó la contradicción de pedirle a un medio que presente una denuncia. También preguntó sobre la retractación del MP en una solicitud de desestimiento sobre el contrato de las vacunas Sputnik.
La respuesta de Pineda, al igual que la de Porras, fue intentar desacreditar la labor periodística y desviar la atención de los verdaderos problemas. Su acusación de que los medios solo muestran los casos presentados por el Ejecutivo es una muestra clara de intento de manipulación de la opinión pública.
Montepeque preguntó sobre el criterio en el caso Corrupción Semilla y los señalamientos contra Porras de encabezar un golpe de estado. La respuesta de Pineda, de nuevo, fue intentar desviar la atención y acusar a los medios de promover una narrativa falsa.
Este ataque a la prensa es un intento flagrante de censura y muestra la intolerancia del gobierno de Porras y Pineda hacia cualquier forma de crítica. Los periodistas en Guatemala enfrentan restricciones y persecuciones constantes, lo que pone en peligro la democracia y la libertad de expresión en el país. Es imperativo que se denuncien estos actos y se defienda el papel crucial de la prensa en una sociedad democrática.