Stuardo Campo es un exfiscal anticorrupción guatemalteco con más de 12 años de trayectoria en el Ministerio Público (MP). A lo largo de su carrera, trabajó en la Fiscalía contra el Crimen Organizado, la Fiscalía contra la Corrupción y la Fiscalía contra el Tráfico Ilícito de Migrantes, donde lideró investigaciones cruciales contra poderosas redes de corrupción en Guatemala. Sin embargo, su lucha contra estos crímenes lo ha puesto en el centro de una persecución política encabezada por la fiscal general, Consuelo Porras.
Persecución judicial y política contra Stuardo Campo
Campo ha denunciado que la persecución en su contra se debe a su negativa a seguir órdenes ilegales y a no proteger a los integrantes del «pacto de corruptos» que él investigaba. En sus palabras, fue encarcelado por «haberlos enfrentado desde la Fiscalía Contra la Corrupción».
Esta fiscalía, a su cargo, llevó a cabo investigaciones que incomodaron a poderosos actores, como el caso de la megaobra del Libramiento de Chimaltenango, promovida por el expresidente Jimmy Morales, o el desvío de Q30 millones durante la pandemia, donde involucró al exdiputado Jorge García Silva y el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh).
Su trabajo también abarcó la investigación de las plazas fantasmas en el Instituto de la Víctima, un caso que ha quedado estancado desde su destitución de la Fiscalía contra la Corrupción. Campo asegura que su traslado en 2021 a la Fiscalía de Tráfico de Migrantes fue parte de una estrategia de Porras para debilitar las investigaciones anticorrupción.
Arresto y condiciones de detención
Campo fue arrestado por primera vez en mayo de 2023, acusado de incumplimiento de deberes. Un juez le concedió arresto domiciliario en agosto de ese año, pero en diciembre fue nuevamente capturado por otro proceso y desde entonces permanece en prisión. A pesar de portar un dispositivo de tobillera electrónica para su monitoreo, la Fiscalía de Porras ha mantenido el proceso abierto, dilatando las audiencias y dejando a Campo en condiciones precarias en la cárcel Mariscal Zavala.
El exfiscal ha denunciado las pésimas condiciones de su reclusión, debiendo pagar una «talacha» mensual de Q1 mil para poder dormir en un espacio digno bajo un toldo improvisado.
Acusaciones en su contra
Los cargos que Campo enfrenta incluyen, en su mayoría, acusaciones por supuestas anomalías en la ejecución de su labor como fiscal. En el primer caso, se le imputa la detención injusta de una persona de 70 años que permaneció en prisión preventiva durante 27 días. En el segundo proceso, relacionado con el caso de defraudación tributaria en la Zona Libre Santo Tomás de Castilla, Campo fue acusado de incumplimiento de deberes y denegación de justicia, aunque ya hay personas condenadas por corrupción en este caso.
Un tercer cargo, relacionado con el caso Libramiento de Chimaltenango, también lo persigue por presuntas irregularidades en la entrega del expediente, un caso que su excompañero, Eduardo Pantaleón, enfrentó y del que fue absuelto.
Un sistema que persigue a quienes investigan
El caso de Stuardo Campo no es único. Otros exfiscales que investigaban actos de corrupción, como Eduardo Pantaleón, también han sido procesados bajo la administración de Consuelo Porras. Mientras tanto, los casos que involucran a altos exfuncionarios de gobierno no han sido llevados a los tribunales, pese a las numerosas denuncias.
Campo denuncia que las autoridades judiciales, bajo el control de Porras y jueces corruptos, están utilizando las audiencias dilatadas como estrategia para mantenerlo en prisión. Aunque ha sido trasladado en numerosas ocasiones a la Torre de Tribunales, más de un año ha transcurrido sin que se avance en su caso, lo que ha generado fuertes críticas por parte de organizaciones de derechos humanos y sectores de la sociedad civil.
Un legado de lucha anticorrupción
A pesar de los intentos por silenciarlo, la labor de Campo sigue siendo un referente en la lucha contra la corrupción en Guatemala. Los casos que lideró, desde el Libramiento de Chimaltenango hasta el desvío de fondos públicos en plena pandemia, muestran la profundidad de la corrupción en el país y los riesgos que enfrentan quienes intentan desmantelarla.
Mientras su caso continúa en un limbo judicial, Campo mantiene su firme postura en contra de lo que él considera un pacto de impunidad. «Si yo los enfrenté, no me voy a rendir», asegura. Su lucha es un recordatorio de las dificultades que enfrenta el sistema de justicia guatemalteco, donde quienes buscan la verdad son muchas veces perseguidos.