Human Rights Watch no ha tenido reparos en señalar la peligrosidad de la fiscal general Consuelo Porras, quien ha utilizado su puesto para lanzar investigaciones penales sin base legal, en lo que parece una venganza política contra el gobierno del presidente Bernardo Arévalo. Según un reciente informe de la organización, Porras ha recurrido a la persecución de figuras del gobierno actual sin presentar pruebas concretas, a pesar de las advertencias de actores internacionales sobre la falta de legalidad en sus acciones.
Desde la toma de posesión del presidente Arévalo en enero de 2024, el Ministerio Público, bajo el mando de Porras, ha abierto investigaciones contra funcionarios del gobierno, sin sustento claro ni evidencia alguna que las respalde. Entre las acciones más alarmantes se encuentran las investigaciones abiertas contra los miembros del Movimiento Semilla, el partido político en el poder, y las presiones para invalidar su registro legal, en un claro intento de socavar su legitimidad y funcionamiento.
Lo que resulta más preocupante es que, mientras Porras se dedica a impulsar investigaciones políticas, el crimen organizado y la corrupción en Guatemala siguen sin ser combatidos de manera efectiva. La fiscal no solo se dedica a perseguir a figuras del gobierno, sino que también ha obstruido investigaciones cruciales sobre corrupción, incluso destituyendo a fiscales que se ocupaban de estos casos. Entre ellos, el caso más resonante fue el de Stuardo Campos, fiscal anticorrupción detenido, y José Rubén Zamora, el director de ElPeriódico, quien se encuentra bajo arresto domiciliario. La fiscal general, al parecer, prefiere proteger a los poderosos y silenciar a quienes investigan la corrupción.
Consuelo Porras manipula la justicia
Es inaceptable que Porras, quien debería estar combatiendo la corrupción que aqueja al país, se dedique a manipular la justicia para imponer su agenda política. Los fiscales que trabajan bajo su dirección han solicitado que se levante la inmunidad del presidente Arévalo, presentando acusaciones vacías sobre el abuso de poder, y sin pruebas que respalden estos cargos.
A la par, el Ministerio Público ha cerrado investigaciones sobre casos de corrupción de funcionarios cercanos a la administración anterior, como los posibles sobornos del expresidente Alejandro Giammattei, lo que demuestra que el Ministerio de Porras no está interesado en perseguir la corrupción, sino en proteger a los corruptos.
La criminalización de la oposición, los periodistas y los fiscales anticorrupción muestra que la fiscal general no está cumpliendo con su deber de garantizar la justicia, sino de fomentar un clima de miedo y represión. Además, el MP ha fracasado en la resolución de casos de violencia, extorsión y homicidio, con un índice de impunidad alarmante que supera el 94%. Esta falta de eficacia solo agrava la situación de violencia e inseguridad que afecta al país y, más grave aún, socava la confianza de los ciudadanos en las instituciones judiciales.
Sanciones internacionales contra Porras
La administración de Porras ha logrado que su figura sea conocida internacionalmente, no por su lucha contra la delincuencia, sino por su intervención en la política y su sistemática persecución contra aquellos que osan desafiar su poder. Esto ha provocado sanciones internacionales contra ella y sus colaboradores más cercanos, como Ángel Pineda y Rafael Curruchiche. Estas sanciones no solo son un recordatorio de la opresión que caracteriza su mandato, sino también un llamado de atención a la comunidad internacional sobre el peligro que representa su influencia en la justicia guatemalteca.
La ciudadanía guatemalteca, y la comunidad internacional, deben exigir la destitución de Consuelo Porras. La fiscal general no solo ha fallado en cumplir con su mandato de impartir justicia, sino que se ha convertido en un obstáculo para la democracia, la transparencia y el estado de derecho en Guatemala. Es urgente que se recupere la independencia del Ministerio Público y que se tomen medidas firmes para garantizar que la justicia no se siga utilizando como herramienta de persecución política.