La elección de un magistrado titular y un suplente de la Corte de Constitucionalidad (CC), realizada el 4 de febrero por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala (CANG), quedó marcada por una resolución que desnaturaliza el proceso y vulnera derechos adquiridos.
La Sala Sexta de Apelaciones del Tribunal de lo Contencioso Administrativo decidió excluir de la votación a los profesionales de las ciencias afines, una medida que rompe con la práctica histórica del CANG y reduce de forma arbitraria la participación gremial.
El amparo fue promovido por figuras cuestionadas, Ricardo Sagastume Morales y Diego Sagastume Vidaurre, bajo el argumento de que únicamente los abogados debían votar.
La Sala Sexta acogió esa tesis sin explicar por qué hoy sería inconstitucional lo que durante años fue permitido sin objeción alguna: la participación de profesionales de ciencias políticas, criminología, sociología y otras disciplinas afines al derecho y la función pública.
Los firmantes están vinculados a Néster Vásquez
La resolución fue firmada por los magistrados Irma Yolanda Sosa Flores, presidenta; Roberto Estuardo Morales Gómez, vocal I; Caren Orfilia Guzmán Sagastume, vocal II; y Olga Balcárcel Morán, secretaria.
Todos ellos han sido señalados por sus vínculos con el magistrado de la CC, Néster Vásquez, quien busca su reelección. La cercanía no es un dato menor: la decisión impacta directamente en el equilibrio del electorado que define un cargo clave del máximo tribunal constitucional.
La consecuencia es clara: se restringió el derecho al voto de cientos de profesionales sin una justificación sólida, afectando la legitimidad del proceso. Más aún, no es la primera vez que esta Sala interviene de forma decisiva en procesos gremiales del CANG; ya antes suspendió la convocatoria para elegir al representante ante el CSU de la Usac, nuevamente mediante un amparo que paralizó un proceso en marcha.
Estas resoluciones proyectan una Sala que no arbitra con neutralidad, sino que inclina la balanza. En un contexto de disputas por el control institucional, la Sala Sexta no solo resolvió un amparo: redefinió las reglas del juego y dejó abierta la sospecha de que la justicia administrativa está siendo utilizada como herramienta política.