La reciente resolución emitida por la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal, que busca anular todo lo actuado previo al 19 de octubre de 2024 en el caso de José Rubén Zamora, no solo refleja un abuso de poder, sino que es una clara violación a los derechos constitucionales del periodista y fundador de elPeriódico.
Zamora, quien tras pasar más de 800 días en prisión preventiva recuperó su libertad en octubre de 2024, ahora se enfrenta a una nueva jugada judicial que busca invalidar decisiones previas que le favorecían, en un intento claro de devolverlo a prisión.
Esta decisión es tachada de «ilegal» por su abogado defensor, Héctor Reyes, quien subraya que la medida sustitutiva concedida en su momento por el juez de Primera Instancia Penal debería haberse respetado, dado que la ley procesal establece que las diligencias de revisión de medida de coerción son urgentes y no admiten violaciones.
Defensa de José Rubén Zamora acciona
Lo que está en juego es el debido proceso, el derecho de defensa, la presunción de inocencia y la tutela judicial efectiva, derechos fundamentales que la Sala Tercera parece ignorar en su afán por mantener a Zamora bajo reclusión. La legalidad de la resolución dictada por la Corte está siendo impugnada mediante una acción de amparo presentada por su defensa, buscando que una instancia superior rectifique esta grave ilegalidad.
Lo más alarmante es que esta situación no es un hecho aislado. La exfiscal general, Claudia Paz y Paz, al pronunciarse sobre el caso, advirtió que lo que estamos presenciando es una persecución sistemática contra un periodista que, en su calidad de comunicador, ha sido blanco de una represalia política.
Para Paz y Paz, esta nueva resolución no solo refleja un intento de mantener a Zamora encarcelado «como castigo anticipado y totalmente injusto», sino que también se inscribe en una estrategia más amplia de criminalización de la libertad de expresión.
Crueldad en el sistema judicial
Zamora ha sido acusado sin pruebas de haber cometido delitos que muchos consideran fabricados para silenciar su voz y la de otros periodistas. Durante su tiempo en prisión, se reportaron denuncias de tortura física y psicológica, lo que pone en evidencia la crueldad del sistema judicial que, lejos de garantizar la justicia, parece ser una herramienta para acallar a quienes se atreven a cuestionar el poder.
El mensaje es claro: el Estado busca mantener a los periodistas bajo constante amenaza, no solo a través de acusaciones infundadas, sino también mediante un sistema judicial que actúa como brazo ejecutor de represalias políticas. La criminalización de los opositores, la manipulación de los tribunales y la vulneración de los derechos fundamentales son prácticas que, lejos de ser aisladas, se están consolidando como parte de un patrón que amenaza la democracia.
La lucha por la libertad de expresión en Guatemala está lejos de ser ganada. Cada paso que da el poder judicial para perjudicar a quienes ejercen su derecho a informar es un paso hacia la oscuridad, donde la justicia se convierte en una herramienta de represión y no de protección. Es urgente que la comunidad internacional y los defensores de los derechos humanos actúen con firmeza frente a estos abusos y exijan la liberación de José Rubén Zamora, así como el respeto a los derechos de todos los guatemaltecos.