La maquinaria de persecución encabezada por el Ministerio Público (MP) de Consuelo Porras y el juez sancionado Fredy Orellana parece no tener límites. Esta semana, ambos funcionarios han profundizado su estrategia de acoso judicial y tortura institucional al ordenar el traslado de Eduardo Masaya y Jorge Santos Neill —detenidos por su supuesta vinculación al caso contra el partido Movimiento Semilla— hacia el Preventivo para Hombres de la zona 18, uno de los centros penitenciarios más peligrosos del país.
Los dos procesados habían estado recluidos en Mariscal Zavala. Sin embargo, el juez Orellana, a solicitud del MP de Porras, ordenó su traslado al anexo B del Preventivo, un área donde sus vidas corren peligro.
Riesgo creciente e intención clara
Tanto Masaya, abogado, como Santos Neill, exdirector de informática del Tribunal Supremo Electoral, han sido amenazados y temen por su integridad física. Su traslado no responde a razones jurídicas válidas ni de seguridad institucional. La lógica es otra: doblegarlos emocionalmente, quebrarlos físicamente y forzarlos a aceptar cargos infundados para debilitar al gobierno del presidente Bernardo Arévalo.
Según declaraciones de los abogados defensores, este traslado constituye una forma de tortura psicológica, al someter a los reos a un estado constante de incertidumbre, con movimientos inusuales en sus condiciones de reclusión.
En palabras del abogado Alejandro Xiloj, defensor de Masaya, el objetivo del sistema es obligar a sus representados a «colaborar» con el MP en una investigación que criminaliza sin fundamentos a actores vinculados con la democracia y la transparencia electoral.
Abogados piden antejuicio contra Fredy Orellana
El miércoles 21 de mayo de 2025, un grupo de abogados presentó una solicitud de retiro de antejuicio contra el juez Fredy Orellana, acusado de prevaricato y abuso de autoridad por las resoluciones ilegales que llevaron al traslado de Eduardo Masaya. El planteamiento es claro: el juez ha violado garantías constitucionales y ha actuado con sesgo político, alineado con los intereses de Consuelo Porras.
La audiencia de etapa intermedia en contra de Jorge Santos Neill fue otro reflejo de esa justicia cooptada. El juez Orellana interrumpió constantemente al acusado, impidiéndole presentar pruebas clave y refutar los señalamientos del MP. Sin garantías de defensa, el juez dictó que existían «elementos suficientes» para enviarlo a juicio, en base únicamente a testimonios presentados por una fiscalía que ha demostrado actuar por consigna.
El mensaje de Fredy Orellana es claro: intimidar, silenciar y castigar
Este patrón de represión institucionalizada no es nuevo. La estrategia de Porras y Orellana se ha repetido contra periodistas, fiscales independientes y funcionarios que defendieron la democracia durante las elecciones de 2023. Hoy, con el traslado de Masaya y Santos, se confirma que el objetivo es quebrar a los opositores mediante el miedo y la inseguridad.
Los traslados forzosos, la negación del derecho a una defensa efectiva, y las resoluciones judiciales a la medida del MP, son métodos propios de un Estado autoritario que utiliza el sistema de justicia como instrumento de castigo y venganza.
¿Quién responderá si algo les ocurre?
Cada minuto que Jorge Santos y Eduardo Masaya pasan en el Preventivo de la zona 18 aumenta el riesgo a su integridad física. La responsabilidad por lo que pueda sucederles recae directamente sobre Consuelo Porras y Fredy Orellana, quienes han demostrado que la ley y los derechos humanos son obstáculos menores frente a sus intereses políticos.
En lugar de garantizar justicia, el sistema actual castiga a quienes participaron en el proceso electoral con transparencia y protege a quienes buscan mantener la impunidad. Esta es la justicia en Guatemala hoy: una herramienta de tortura institucional al servicio del poder corrupto.