El Rule of Law Impact Lab de la Facultad de Derecho de la Universidad de Stanford emitió un contundente pronunciamiento en el que expresa “profunda preocupación” por el proceso penal y la detención preventiva de los exlíderes indígenas Luis Pacheco y Héctor Chaclán, acusados por terrorismo y obstrucción a la justicia debido a su participación en las protestas pacíficas de octubre de 2023.
El comunicado oficial señala que las imputaciones contra Pacheco y Chaclán se sustentan en artículos “vagos y amplios” de la legislación antiterrorista guatemalteca, aplicados en procesos opacos y cerrados al escrutinio público. Las manifestaciones que motivaron dichas acusaciones se realizaron en un contexto político delicado, durante la transición presidencial y en demanda de la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, apuntan los expertos de Stanford.
“El derecho penal no puede ser utilizado para deslegitimar ni castigar la protesta pacífica ni la participación cívica”, advirtió la directora del laboratorio, la profesora Amrit Singh. El documento enfatiza que la Constitución de Guatemala y los tratados internacionales que el país ha ratificado protegen el derecho a la protesta y garantizan el debido proceso.
MP de Consuelo Porras “por encima de la ley”
Stanford contextualiza este caso dentro de un patrón sistemático de criminalización de líderes sociales, periodistas, operadores de justicia y opositores políticos en Guatemala, perpetrado desde el Ministerio Público bajo el mando de Consuelo Porras. En su informe 2024 “Por encima de la ley”, el laboratorio documenta el uso selectivo del derecho penal para silenciar voces críticas.
El pronunciamiento también recuerda las obligaciones internacionales del Estado guatemalteco, incluyendo la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que exigen definiciones claras y garantías estrictas en casos de terrorismo. “El abuso de estas leyes no solo viola el principio de legalidad, sino que amenaza directamente los derechos fundamentales”, advierte Stanford.
Finalmente, la universidad exige a las autoridades guatemaltecas transparencia, imparcialidad y apego a estándares internacionales, y que se abstengan de usar marcos legales antiterroristas para reprimir la legítima expresión democrática. Este caso refleja un patrón grave de abuso de poder por parte del Ministerio Público que socava la justicia en Guatemala.