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Señalamientos por adopciones ilegales salpican a Porras

febrero 17, 2026
Señalamientos por adopciones ilegales salpican a Porras

Expertas y expertos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) manifestaron su preocupación por información que vincula a la actual fiscal general de Guatemala, Consuelo Porras, con un proceso de adopciones ilegales internacionales de al menos 80 niñas y niños indígenas entre 1968 y 1996.

La relatora especial de la ONU sobre la independencia de magistrados y abogados, Margaret Satterthwaite, señaló que la información recibida es “sumamente preocupante”. Según los expertos, los menores habrían sido institucionalizados en el “Hogar Temporal Elisa Martínez” tras su captura y desaparición forzada, antes de ser sometidos a adopciones internacionales presuntamente irregulares.

De acuerdo con el pronunciamiento, preocupa que no se haya realizado una investigación pronta, exhaustiva, independiente e imparcial sobre la posible implicación de autoridades estatales en esos procesos. También señalaron que las madres afectadas no habrían recibido reconocimiento ni reparaciones adecuadas.

CONTENIDO DE ESTA NOTA:

Piden investigación independiente

Las adopciones ilegales, recordaron, pueden incluir fraude en la declaración de adoptabilidad, falsificación de documentos, coacción o ausencia de consentimiento libre e informado, así como beneficios económicos indebidos para intermediarios.

Los expertos pidieron investigaciones independientes sobre las alegaciones de que funcionarios públicos, incluida Porras —quien habría fungido como “tutora legal” de los niños entre el 21 de enero y el 30 de agosto de 1982—, pudieron estar involucrados. Asimismo, instaron a actuar con cautela en el actual proceso de nombramientos judiciales, dado que la funcionaria aspira a la Corte de Constitucionalidad y podría ser nominada nuevamente como Fiscal General.

MP responde

Por su parte, el Ministerio Público rechazó los señalamientos y defendió la trayectoria y honorabilidad de su titular. Los expertos recordaron que toda alegación creíble debe investigarse antes de cualquier preselección o nombramiento, y reiteraron el derecho de las víctimas a verdad, justicia y reparación conforme al derecho internacional.