A casi cuatro años de que el Ministerio Público (MP) abriera el expediente por las irregularidades en la compra de las vacunas Sputnik V, la investigación avanza sin tocar a quienes encabezaban el gobierno cuando se firmó el contrato: el expresidente Alejandro Giammattei y su exjefe de Centro de Gobierno, Miguel Martínez. La exclusión de ambos del proceso penal ha reforzado las acusaciones de que la institución, dirigida por la fiscal general Consuelo Porras, actúa para blindar a sus aliados.
El contrato, suscrito en 2021 con la empresa Human Vaccine, comprometía al Estado guatemalteco a adquirir 16 millones de dosis. Sin embargo, solo se recibieron 8.3 millones, y al menos 5 millones caducaron sin ser utilizadas, lo que representó pérdidas millonarias para el erario. Pese a la magnitud del perjuicio, el Ministerio Público ha sostenido que el caso se limita a incumplimientos contractuales y no a una estructura de corrupción, como lo afirmó públicamente el jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), Rafael Curruchiche.
Porras y su protección a Giammattei y Martínez
Esta postura ha sido interpretada como una forma de reducir la gravedad del caso y evitar que la investigación escale hacia las decisiones políticas que permitieron la firma y ejecución del contrato. Mientras tanto, la FECI sí ha solicitado órdenes de captura contra la exministra de Salud, María Amelia Flores; la exviceministra Nancy Pezzarossi; y otros funcionarios administrativos, concentrando la responsabilidad en niveles intermedios de la administración pública.
El propio Curruchiche descartó solicitar el retiro de inmunidad contra Giammattei, quien actualmente goza de fuero como diputado del Parlamento Centroamericano, lo que en la práctica cierra la puerta a cualquier acción judicial en su contra. En el caso de Miguel Martínez, la fiscalía se ha limitado a señalar que solicitará información a autoridades de Estados Unidos, país que ya lo sancionó por presuntos actos de corrupción, sin que hasta ahora se conozcan diligencias concretas en Guatemala.
La actuación del Ministerio Público en este expediente se suma a otros casos en los que la institución ha sido señalada por dirigir sus investigaciones hacia funcionarios de menor rango mientras evita acciones contra figuras políticas de alto perfil. En el caso Sputnik V, esa dinámica ha profundizado la percepción de impunidad y ha debilitado la confianza pública en la independencia del ente investigador.
Mientras las órdenes de captura se concentran en exfuncionarios de Salud, las decisiones que permitieron la firma de un contrato que terminó con millones de vacunas caducadas y recursos públicos comprometidos permanecen sin un escrutinio judicial directo. Para amplios sectores, este manejo del caso se ha convertido en otro ejemplo de cómo el Ministerio Público bajo la administración de Consuelo Porras es percibido como un actor que protege a determinados grupos políticos, en lugar de investigar con la misma intensidad a todos los responsables.