La nueva Corte de Constitucionalidad (CC) asumió funciones la madrugada del 14 de abril de 2026, en una inusual toma de posesión realizada a puerta cerrada.
La juramentación ocurrió en medio de una intervención ilegal del Ministerio Público (MP), dirigido por Consuelo Porras, que incluyó acciones de persecución contra la magistrada Astrid Lemus. Este escenario generó tensión y obligó a adelantar y restringir el acto.
Según un comunicado oficial, la CC para el período 2026-2031 quedó integrada por los magistrados titulares Gladys Annabella Morfín Mansilla, Astrid Lemus, Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera.
Como suplentes fueron designados María Jocholá, Luis Fernando Bermejo, Luis Rosales, Claudia Paniagua y José Aguirre Pumay.
Ceremonia oficial
Horas más tarde, se realizó el acto público en el Centro Cultural Miguel Ángel Asturias, donde se oficializó la integración del pleno. Durante la ceremonia, Morfín asumió la presidencia de la Corte para el período 2026-2027 y afirmó que su gestión se regirá por la Constitución y la independencia judicial, resaltando la supremacía constitucional como base del Estado de derecho.
Tres magistrados impulsan amparo polémico
Sin embargo, la polémica surgió casi de inmediato. Apenas minutos después de haber tomado posesión, los magistrados Roberto Molina Barreto, Dina Ochoa y Julia Rivera —los dos primeros señalados por fallos cuestionados— firmaron una solicitud para agilizar el trámite del amparo 1926-2026, una acción que podría incidir directamente en el proceso de elección del Fiscal General.
El amparo, promovido por el cuestionado abogado Raúl Falla, de la Fundación contra el Terrorismo, busca excluir a jueces de carrera de dicho proceso. Los magistrados solicitaron convocar de urgencia al pleno, amparándose en el artículo 180 de la Ley de Amparo, bajo el argumento de la relevancia del caso.
La rapidez de esta acción ha generado críticas, al considerar que evidencia una intención de influir de forma inmediata en un proceso clave para el país. La nueva Corte inicia así su gestión bajo cuestionamientos sobre su independencia y su papel en decisiones de alto impacto político y judicial.