La decisión de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), presidida por Claudia Paredes, de rechazar in limine dos solicitudes de retiro de antejuicio contra la fiscal general Consuelo Porras vuelve a colocar bajo cuestionamiento la independencia del máximo tribunal del país.
En ambos casos, el pleno optó por no entrar al fondo de las denuncias. La primera solicitud señalaba a Porras por delitos graves, entre ellos sustracción propia y agravada, trata de personas, abuso de autoridad y falsedad, en el contexto de presuntas adopciones ilegales ocurridas en la década de 1980.
El caso cobró relevancia internacional luego de que Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU, difundiera la preocupación de expertos sobre la posible participación de la fiscal en hechos relacionados con la desaparición forzada de menores indígenas.
La segunda solicitud de antejuicio, identificada como expediente 20-2026, también fue rechazada sin mayor trámite. En esta se acusaba a la jefa del Ministerio Público de incumplimiento de deberes, asociación ilícita y obstaculización a la acción penal, por su actuación en la investigación de ataques de pandilleros contra agentes de la Policía Nacional Civil ocurridos en enero de 2026.
Los vínculos de la presidenta del OJ
Las decisiones no pueden analizarse de forma aislada. La presidencia de Paredes ha estado rodeada de señalamientos por su cercanía con la propia Porras, lo que alimenta cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés. A esto se suma la vinculación con el diputado Allan Rodríguez, figura del círculo político del expresidente Alejandro Giammattei.
Este contexto cobra mayor relevancia al considerar que la misma CSJ también rechazó una solicitud de antejuicio contra Rodríguez, quien fue señalado de integrar una presunta red de corrupción vinculada al Fondo para la Vivienda.
Este doble rasero —cerrar el paso a investigaciones de alto impacto— erosiona la credibilidad del sistema de justicia. Más aún cuando las denuncias involucran posibles violaciones graves a derechos humanos y hechos de corrupción.
En lugar de garantizar un análisis objetivo y transparente, la CSJ opta por decisiones que alimentan la percepción de protección a funcionarios clave. La consecuencia es evidente: un sistema judicial que, lejos de fortalecer el Estado de derecho, profundiza la desconfianza ciudadana.
La pregunta que queda en el aire no es menor: ¿actúa la Corte como garante de la legalidad o como un muro de contención frente a investigaciones incómodas?