Leonor Eugenia Morales, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea por corrupción judicial y acciones antidemocráticas, avaló la desestimación de una denuncia presentada contra la exfiscal general Consuelo Porras por presuntas adopciones ilegales vinculadas al Hogar Temporal Elisa Martínez, un caso que ha despertado interés nacional e internacional por posibles desapariciones de menores durante el conflicto armado interno.
La decisión fue dada a conocer durante una citación en el Congreso de la República, donde representantes de la Procuraduría General de la Nación (PGN) informaron que el Ministerio Público resolvió no continuar con la investigación y procedió a desestimar la denuncia.
Según explicó Liliana Guzmán, coordinadora del Área Penal de la Subprocuraduría de la Niñez y Adolescencia de la PGN, la institución fue notificada de la resolución pocos días después de que el expediente avanzara dentro del Ministerio Público.
De acuerdo con la información presentada durante la reunión, la solicitud de desestimación fue promovida por el fiscal José Raúl Hernández Rivera y contó con el aval de Leonor Morales, jefa de la Fiscalía contra Operadores de Justicia.
CSJ declaró sin lugar solicitud de retiro de inmunidad contra Porras
La fiscalía argumentó que una resolución previa de la Corte Suprema de Justicia, que declaró sin lugar una solicitud de retiro de inmunidad contra Consuelo Porras, constituía un elemento suficiente para concluir que no existía materia para continuar con las diligencias relacionadas con la denuncia.
Sin embargo, la PGN manifestó su desacuerdo con esa interpretación y confirmó que ya presentó una oposición ante el órgano jurisdiccional correspondiente para evitar que el caso quede archivado de manera definitiva.
Denuncia fue trasladada
Las autoridades señalaron que buscan que un juez revise la decisión del Ministerio Público y determine si existen elementos para mantener abierta la investigación. Según expusieron, la denuncia planteada pretendía esclarecer posibles hechos irregulares relacionados con adopciones y no limitarse únicamente a una persona específica.
En ese sentido, durante la citación también se informó que la denuncia fue trasladada a la Fiscalía contra la Trata de Personas. Asimismo, la Secretaría de Bienestar Social confirmó que el Ministerio Público solicitó información vinculada al paso de Consuelo Porras por el Hogar Elisa Martínez, incluyendo expedientes de menores, registros de adopciones, cambios de tutores y documentación administrativa.
Visita de expertos
El caso cobra relevancia en medio de los señalamientos trasladados por expertos de Naciones Unidas sobre posibles adopciones internacionales irregulares ocurridas durante la década de 1980. Según esas denuncias, varios niños indígenas habrían sido víctimas de desaparición forzada o separación ilegal de sus familias antes de ser entregados en adopción a familias en el extranjero.
La controversia surge además a pocos días de la visita a Guatemala del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), programada del 23 de junio al 3 de julio. La misión internacional dará seguimiento a las investigaciones relacionadas con desapariciones de menores y posibles adopciones irregulares, un tema que continúa generando demandas de verdad, justicia y esclarecimiento por parte de víctimas y organizaciones de derechos humanos.