La anulación de la sentencia absolutoria del exfiscal anticorrupción Stuardo Campo en el caso Alfa Siete no ocurre en un vacío. La resolución de la Sala Cuarta de Apelaciones Penal se conoce en un momento en que el Estado de Guatemala enfrenta cuestionamientos internacionales por el tratamiento judicial dado al exjefe de la Fiscalía contra la Corrupción.
Mientras la Sala acogió un recurso del Ministerio Público para repetir el juicio, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas concluyó recientemente que la prisión preventiva impuesta a Campo es arbitraria, señaló violaciones al debido proceso y recomendó su liberación inmediata, además de una reparación integral.
El contraste entre ambas decisiones coloca nuevamente el caso en el centro del debate jurídico. Por un lado, un órgano internacional sostiene que la privación de libertad carece de fundamentos suficientes y advierte un contexto de criminalización contra operadores de justicia anticorrupción. Por otro, la justicia guatemalteca ordena repetir un juicio en el que Campo ya había sido absuelto.
Figuras cuestionables integran la Sala
La resolución también vuelve la atención hacia quienes integran la Sala Cuarta de Apelaciones. Fernando Rodas fue funcionario durante el gobierno de Alejandro Giammattei; Marcelo Sarti ejerció como abogado de familiares del expresidente Jimmy Morales; y Mónica Fortín es hija de la exdiputada Ana María Villegas de Fortín, señalada en el caso Comisiones Paralelas 2020.
Aunque estos antecedentes no constituyen prueba de parcialidad, forman parte del contexto que rodea una decisión de alto impacto público.
Defensa de Campo acciona
El caso Alfa Siete trasciende la discusión sobre una absolución anulada. Se convierte en un nuevo episodio dentro de una serie de procesos contra exfiscales y exjueces que participaron en investigaciones de corrupción y que, posteriormente, enfrentaron procesos penales, una situación que ha sido documentada por organismos internacionales y organizaciones de derechos humanos.
La defensa de Campo anunció que accionará para impedir que la resolución quede firme. Entretanto, la contradicción entre las conclusiones de Naciones Unidas y las decisiones adoptadas por los tribunales guatemaltecos vuelve a colocar bajo escrutinio el funcionamiento del sistema de justicia y el cumplimiento de las garantías del debido proceso.