El caso del Registro de Información Catastral (RIC), conocido como “Caja de Pagos”, fue durante años uno de los símbolos más claros de la lucha contra la corrupción estatal en Guatemala. Investigado por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), este caso evidenció cómo una red criminal incrustada en el Estado utilizó plazas fantasmas para desviar fondos públicos. Hoy, sin embargo, el expediente está prácticamente paralizado y es un ejemplo de cómo la impunidad se ha reinstalado con fuerza en el país.
La red criminal en el RIC
Entre 2012 y 2015, bajo el gobierno del Partido Patriota, el RIC fue utilizado como plataforma para el pago de favores políticos a través de más de 50 plazas fantasma. La estructura fue dirigida por operadores cercanos a la entonces vicepresidenta Roxana Baldetti y al presidente Otto Pérez Molina, quienes colocaron a personas de su confianza en cargos clave. El desfalco al Estado superó los Q4 millones.
La CICIG y la FECI documentaron cómo se usaron los recursos públicos para beneficiar a particulares, a cambio de lealtades y pactos políticos. La investigación se hizo pública en 2016 y generó expectativas sobre un posible desmantelamiento de redes de corrupción incrustadas en las instituciones.
Procesos penales que marcaron precedente
El caso RIC derivó en importantes avances judiciales. En 2019, el Juzgado Cuarto Penal, a cargo del juez Pedro Laínez, ligó a proceso a diez personas, incluida Baldetti, por los delitos de asociación ilícita y peculado por sustracción. Entre los acusados también figuró Daniela Beltranena, exdiputada del Partido Patriota, quien aceptó su participación en el esquema y fue condenada a tres años de prisión. El colaborador eficaz Omar Gustavo Nájera aportó información decisiva para evidenciar la red criminal.
Estos resultados representaron uno de los últimos grandes logros de la FECI antes de la destitución de su jefe, el exfiscal Juan Francisco Sandoval, en 2021.
La caída del caso bajo la gestión de Consuelo Porras
Desde que Consuelo Porras asumió como fiscal general en 2018, múltiples casos de alto impacto, como el RIC, han quedado estancados o han sido archivados. De acuerdo con un informe de Convergencia por los Derechos Humanos, durante su gestión el Ministerio Público ha tenido una eficiencia del 8.6% en la resolución de casos, pese a operar con presupuestos históricos, como los Q3,067 millones asignados en 2024. La impunidad en delitos graves, incluyendo corrupción, supera el 90%.
Además, organizaciones como Freedom House han señalado que la fiscal general ha frenado investigaciones clave y ha promovido la criminalización de fiscales y jueces independientes. El Departamento de Estado de Estados Unidos la incluyó en 2021 y 2022 en su lista Engel, por considerarla un actor corrupto y antidemocrático.
El caso RIC hoy: una causa olvidada
A pesar de los hallazgos iniciales, el expediente del RIC no ha tenido avances significativos desde 2020. No se han producido nuevas audiencias relevantes, y algunas de las personas señaladas han logrado dilatar los procesos o evadir responsabilidades con la complacencia del actual aparato de justicia. La falta de seguimiento, sumada a la salida del país de exfiscales claves como Sandoval y otros operadores de justicia, ha dejado al caso en el abandono. Lo que alguna vez fue un ejemplo de lucha institucional contra la corrupción, hoy es un expediente empolvado.