En 2016, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), junto a la antigua Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), reveló uno de los casos de corrupción más grandes del país: el Caso TCQ. Este señalaba una estructura criminal de alto nivel que habría negociado la concesión anómala de una terminal portuaria a cambio de millonarios sobornos. Nueve años después, el proceso avanza lentamente, sin resultados concretos, y con señales claras del deterioro institucional que ha caracterizado la era de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público.
¿Qué fue el Caso TCQ?
La investigación reveló que funcionarios del gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, entre ellos su yerno y exsecretario privado Gustavo Martínez, facilitaron que la empresa Terminal de Contenedores Quetzal (TCQ) —filial de una firma española— obtuviera un contrato de usufructo oneroso en Puerto Quetzal. A cambio, recibieron supuestos sobornos de entre Q125 mil y Q225 mil. El contrato comprometía al Estado por 25 años, con condiciones desfavorables que beneficiaban exclusivamente a la empresa privada.
También están involucrados la ex vicepresidenta Roxana Baldetti; su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón; exmagistrado Douglas Charvhal, entre otros.
La estructura y los señalados
Según la CICIG y la FECI, en este caso no se trató de errores administrativos ni tecnicismos, sino de una estructura criminal bien organizada, integrada por funcionarios de alto nivel, abogados y empresarios. Entre los principales acusados están:
Gustavo Adolfo Martínez: exsecretario privado de la presidencia, por asociación ilícita, cohecho pasivo y fraude.
Lázaro Noé Reyes y Julio Nolberto Esquivel Orellana: por enriquecimiento ilícito.
Mario Ruano San José: por tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito.
Douglas Charchal: exmagistrado de la Corte Suprema de Justicia, por asociación ilícita y tráfico de influencias.
Lo que logró la CICIG
Este caso no habría salido a la luz sin la labor de la CICIG, que en conjunto con una FECI independiente, logró desenmascarar cómo el poder político negociaba bienes del Estado a espaldas del país. La investigación demostró el uso de empresas de cartón, firmas offshore, triangulación de dinero y redes de contactos dentro del Organismo Judicial.
La CICIG no solo expuso el caso, sino que logró llevarlo a tribunales y sentar en el banquillo a figuras de alto perfil. Fue un mensaje claro de que la justicia podía alcanzar incluso a quienes parecían intocables.
¿Qué pasó después del Caso TCQ?
La salida de la CICIG en 2019 y la posterior destitución de Juan Francisco Sandoval en 2021 marcaron un punto de quiebre. Desde entonces, bajo el liderazgo de Consuelo Porras, el Ministerio Público ha abandonado o frenado buena parte de los casos impulsados por la comisión internacional. TCQ no fue la excepción.
Durante años el caso se estancó. Hubo demoras injustificadas, excusas administrativas, cambios en la integración de tribunales, y falta de voluntad para avanzar.
En junio de 2024, el juicio finalmente se reanudó. Pero no duró mucho: en octubre, cambios en el poder judicial lo volvieron a suspender. En febrero de 2025, se nombró a un nuevo juez suplente, y recién el 2 de abril de este año se reinició el debate. El proceso debió empezar de cero, lo que significa volver a escuchar a todos los testigos y peritos.
La justicia lenta… o muerta
Hoy, a pesar de los esfuerzos iniciales, el Caso TCQ es un reflejo de cómo los casos de alto impacto han sido desactivados o debilitados por una justicia cooptada. El Ministerio Público, bajo Porras, ha favorecido la impunidad. Y los cambios en la Corte Suprema de Justicia y Cortes de Apelación, controladas por redes corruptas, han contribuido al deterioro del sistema.
Aunque el debate se retomó este mes de abril de 2025, no hay garantías de que termine pronto ni que se logre una sentencia. La defensa insiste en que no hay pruebas, mientras el MP trata de sostener una acusación armada hace casi una década. Todo esto, en un entorno donde la presión política y los intereses económicos siguen marcando la agenda judicial.