El caso «Traficantes de Influencias» es uno de los más emblemáticos en la lucha contra la corrupción en Guatemala, ya que destapó una red ilícita dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT). Sin embargo, desde la llegada de Consuelo Porras al frente del Ministerio Público (MP), los avances en este y otros casos emblemáticos han quedado estancados.
En 2015, durante la investigación del caso «La Línea», que reveló una red de defraudación aduanera dentro de la SAT, se descubrió una estructura de corrupción más amplia. Giovanni Marroquín Navas, uno de los involucrados en «La Línea», mantenía registros que evidenciaban los nexos de políticos, empresarios y funcionarios judiciales en un entramado de corrupción. Entre los implicados se encontraba el diputado Felipe Alejos, conocido como «Filipao», quien sería clave en la red de tráfico de influencias.
Antecedentes del caso Traficantes de Influencias
En enero de 2018, el Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron oficialmente el caso «Traficantes de Influencias», el cual detalló cómo la red de corrupción cobraba comisiones ilícitas, que ascendían a Q19 millones, para agilizar la devolución de crédito fiscal a diversas empresas. Durante la investigación, se identificaron al menos 30 expedientes de devolución de crédito fiscal tramitados de forma irregular.
Ligados a poceso
En diciembre de 2023, el juez Walter Villatoro resolvió ligar a proceso a varios de los implicados, enfrentando cargos de asociación ilícita, cohecho activo, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. Entre los acusados se encuentran nombres de alto perfil, como Jorge Mario Morán Sosa, Pablo Gerardo Muñoz Morales, y Giovanny Marroquín Navas, entre otros.
Procesados:
- Jorge Mario Moran Sosa – Asociación ilícita, cohecho activo.
- Jorge Dagoberto Arriola Lucero – Asociación ilícita y cohecho activo.
- Pablo Gerardo Muñoz Morales – Cohecho activo, asociación ilícita y lavado de dinero.
- Marlon Estuardo Marroquín Silva – Asociación ilícita, cohecho activo y lavado de dinero.
- María Lorena Silva Rosales – Lavado de dinero.
- Inngmar Walterio Iten Rodríguez – Cohecho activo
- Luis Fernando Leal Toledo – Cohecho activo
- Jorge Estuardo Moreno de León – Cohecho activo
- Rudy Baldemar Villeda Vanegas – Enriquecimiento ilícito.
- Giovanny Marroquín Navas – Asociación ilícita, cohecho activo, tráfico de influencias.
- Álvaro Omar Franco Chacón – Asociación ilícita y cohecho pasivo.
- Alfredo Muñoz Ledo Carrillo – Asociación ilícita y cohecho activo
- Carlos Enrique Muñoz Roldan
- Chistian Rene álvarez Vega
- Jorge Luis Monterroso Toledo
- Álvaro Orlando Soria Ortíz
- Mario Roberto Leal Pivaral
- Alfonso Romeo Castillo Castro
- Ariel de Jesús Guerra Castillo
Un caso atrapado
Sin embargo, el proceso judicial ha quedado prácticamente estancado. Desde que Consuelo Porras asumió la titularidad del Ministerio Público, numerosos casos emblemáticos como el de «Traficantes de Influencias» han sufrido retrasos y bloqueos. La falta de avances sustanciales ha generado una creciente desconfianza en las instituciones encargadas de administrar justicia en el país.
A pesar de las evidencias y los cargos presentados, el caso «Traficantes de Influencias» continúa estancado. Las audiencias se han suspendido repetidamente y las diligencias judiciales parecen no avanzar, a pesar de que la sociedad guatemalteca sigue esperando justicia. Este estancamiento no solo afecta a los involucrados en el caso, sino que también pone en duda la capacidad del MP para enfrentar y desmantelar las estructuras de corrupción que operan a nivel institucional.
Este retraso también refleja el impacto que ha tenido la gestión de Consuelo Porras al frente del MP, pues desde su nombramiento, varios casos de alto perfil han quedado paralizados, mientras persisten las sospechas sobre su imparcialidad y su posible involucramiento en la protección de ciertos actores corruptos.
La esperanza de justicia
La sociedad guatemalteca sigue atenta al proceso, esperando que, en algún momento, se logre esclarecer la magnitud de la red de corrupción detrás de «Traficantes de Influencias». La falta de avances no solo mina la confianza de los ciudadanos en el sistema judicial, sino que también impide la creación de precedentes que podrían disuadir futuras prácticas ilícitas.
El futuro de la justicia en Guatemala, en este y otros casos, sigue siendo incierto, pero la sociedad continuará vigilante, esperando que finalmente se haga justicia.