Dos comisionados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mostraron su preocupación por la situación que se vive en el país. Sus percepciones la dieron en una audiencia solicitada por el Procurador de Derechos Humanos (PDH), Jordan Rodas, para evaluar las diferencias entre quienes se han visto afectados por la falta de medidas cautelares dadas por la CIDH a jueces y fiscales.
Para el comisionado de la CIDH, Joel Hernández, es preocupante la existencia de las solicitudes de antejuicio para jueces y para el procurador Rodas porque es inusual que existan tantos recursos legales contra los actores de justicia y derechos humanos. Además que varios de los afectados debieron partir al exilio.
“Es inusitado que exista un alto número de antejuicios. También es poco usual que un operador de justicia tenga que estar litigando en su defensa en contra de acusaciones que son hechas en función de sus opiniones que realizan en su trabajo” indicó Hernández.
Mientras tanto la jueza Erika Aifán indicó que han sido víctimas de ataques constantes por su trabajo a pesar de que gozan de medidas cautelares
“Recibimos constantes amenazas contra nuestra vida e integridad física y de nuestras familias, mensajes de odio y hostigamiento. Somos objeto de vigilancia y seguimiento por vehículos sin placas, atacan nuestra condición de juezas y mujeres” indicó Aifán quien agregó que son parte de un proceso de criminalización.
Los jueces de mayor riesgo son víctimas de una estrategia que tiene como fin presentar denuncias y antejuicios en su contra. Ellos por su parte han solicitado la desestimación de las denuncias en su contra, pero no han encontrado respuesta de parte de la Fiscal General, Consuelo Porras.
Sólo Aifán tiene más de 40 denuncias en su contra y cada juez más de una docena cada uno.