La elección de Claudia Paredes como presidenta del Organismo Judicial para el período 2025-2026 no es un simple trámite institucional: es una señal política. Fue electa con 10 votos del bloque dominante de la Corte Suprema de Justicia, mientras que únicamente los magistrados Carlos Lucero Paz, Flor Gálvez y Estuardo Cárdenas se desmarcaron. La correlación de fuerzas quedó clara. También quedó claro quién controla la mayoría.
El relevo, además, llegó cuatro meses tarde. Ese retraso no es un detalle administrativo, sino un síntoma de las tensiones internas y de las negociaciones que antecedieron la votación. Cuando los tiempos institucionales se subordinan a pactos políticos, la independencia judicial ya está comprometida antes de cualquier resolución.
El perfil de Paredes
El perfil de Paredes tampoco despeja dudas. Se le vincula con la Agrupación Solidaria de Profesionales Afines (ASPA), grupo dirigido por el magistrado de la Corte de Constitucionalidad, Néster Vásquez, sancionado y señalado por sus nexos con redes de corrupción judicial.
Su trayectoria incluye la constitución de constructoras como 4 Carriles S.A., relacionada con el empresario Gustavo Alejos, operador clave en el tráfico de influencias dentro del sistema de justicia. Además, se le señala cercanía con Allan Rodríguez, diputado de Vamos y figura del círculo político del expresidente Alejandro Giammattei.
Paredes al frente de procesos cruciales
El problema no es solo quién preside, sino qué decisiones presidirá. Desde la cabeza de la Corte Suprema de Justicia, Paredes dirigirá dos procesos cruciales: la elección del nuevo Fiscal General y la nómina de magistrados para la Corte de Constitucionalidad.
No es menor que, al ser consultada sobre si respaldaría a Consuelo Porras para la CC, evitara fijar postura y se refugiara en generalidades sobre el debido proceso. Tampoco abordó públicamente la sanción impuesta por Estados Unidos en su contra.
Cuando los mismos actores señalados orbitan alrededor de las decisiones clave del sistema judicial, la preocupación deja de ser retórica. La presidencia de Paredes no parece un punto de inflexión, sino la consolidación de un modelo donde la justicia se administra bajo lógicas de lealtad política. El riesgo no es abstracto: es la normalización de un Organismo Judicial que deja de ser contrapeso y se convierte en pieza del engranaje del poder.