El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, presentó el lunes 3 de marzo ante el Consejo de Derechos Humanos un informe en el que denuncia el uso indebido de normas penales en Guatemala, especialmente contra quienes defienden los derechos humanos y operan en el sistema de justicia como el Ministerio Público (MP).
Türk señaló que actores dentro del MP y el Organismo Judicial han instrumentalizado el derecho penal para perseguir a jueces, fiscales y defensores de derechos humanos. Calificó esta situación como «persecución penal» y destacó que existen «motivaciones políticas detrás» de estas acciones, las cuales se enfocan en funcionarios del gobierno de Bernardo Arévalo y del Tribunal Supremo Electoral, con el objetivo de socavar los resultados de las elecciones de 2023.
El informe también resalta «retrocesos» en el acceso a la justicia en casos de violaciones graves de derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Se mencionan la anulación de procesos y demoras indebidas que han obstaculizado el derecho de las víctimas a la justicia. Ante esto, el alto comisionado recomendó avanzar en la creación de un plan nacional de dignificación y reparación para las víctimas, así como en la búsqueda de personas desaparecidas.
A pesar de estas denuncias, el informe destacó algunos avances, como la renovación del acuerdo que permite a la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos seguir operando en Guatemala por tres años más.
Además, celebró el diálogo entre el Estado y las autoridades indígenas y afrodescendientes, instando a que estos espacios sean institucionalizados y sus acuerdos cumplidos.
MP y Consuelo Porras, el mayor obstáculo según Freedom House
El informe de la ONU coincide con una reciente evaluación de Freedom House sobre América Latina y el Caribe, en la que se señala a la fiscal general Consuelo Porras como «el mayor obstáculo para el Gobierno de Bernardo Arévalo».
La organización internacional enfatiza que, mientras la administración de Arévalo ha presentado 169 denuncias de corrupción contra administraciones anteriores, el MP sigue protegiendo a los responsables de estas irregularidades.
Freedom House también resaltó la transparencia del presidente Arévalo al hacer pública su declaración de bienes, en contraste con la opacidad del Ministerio Público. La organización advirtió que, aunque el rescate institucional en Guatemala enfrenta grandes desafíos, «aún es posible» si se adoptan medidas firmes contra la cooptación del sistema judicial.
Las denuncias del alto comisionado de la ONU y de Freedom House ponen en evidencia la crisis del sistema de justicia guatemalteco y el papel de Consuelo Porras en el mantenimiento de la impunidad. La comunidad internacional sigue de cerca los acontecimientos en el país, mientras el gobierno de Arévalo busca impulsar reformas para fortalecer el Estado de derecho.