El Ministerio Público (MP), bajo la dirección de Consuelo Porras, ha generado una nueva ola de críticas tras abrir una investigación por tráfico de influencias contra varios decanos de las comisiones de postulaciones para la elección de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y Salas de Apelaciones.
Esta acción ha levantado serias preocupaciones sobre un posible intento de cooptación del sistema judicial en Guatemala. Consuelo Porras, quien ha sido sancionada por más de 40 países por sus acciones de corrupción judicial y prácticas antidemocráticas, sigue en el centro de la polémica.
La investigación del MP se basa en una denuncia anónima presentada el 10 de julio, que señala irregularidades en la actuación de varios decanos que forman parte de las comisiones de postulación.
Estos cuerpos colegiados son responsables de seleccionar a los candidatos para magistrados de la CSJ y las Cortes de Apelaciones, y su integridad es crucial para la transparencia y legitimidad del sistema judicial.
Consuelo Porras ordenó investigar a decanos
De acuerdo con el MP, supuestamente algunos de los decanos implicados se reunieron en El Salvador entre el 5 y el 7 de julio para negociar el apoyo a ciertos aspirantes a las Cortes, disfrazando el encuentro como un taller académico. Este tipo de alegaciones, si bien necesitan ser investigadas, también plantean dudas sobre el momento y la motivación detrás de la investigación.
La denuncia ha llevado a que se abra una investigación por tráfico de influencias, a pesar de que las comisiones aún no están oficialmente integradas debido a la falta de juramentación de algunos representantes universitarios.
El inicio de las sesiones de las comisiones de postulación ha sido demorado debido a la falta de juramentación de los decanos de la Universidad Francisco Marroquín y la Universidad Mariano Gálvez.
A pesar de que las comisiones podrían comenzar sus actividades incluso con algunos miembros aún no juramentados, se ha optado por esperar la completa integración para evitar posibles impugnaciones o acciones legales. La falta de acción por parte de las universidades para nombrar a sus representantes también ha contribuido a la paralización del proceso.
Pronunciamientos
El abogado Edgar Ortiz ha calificado esta medida como «desafortunada» y ha señalado que parece estar basada en hechos espurios. Según Ortiz, la investigación carece de fundamentos sólidos y parece ser un intento de desacreditar el trabajo de las comisiones desde el principio. Este tipo de acciones, según él, solo sirve para sembrar desconfianza y obstaculizar el proceso de selección de candidatos, en lugar de fortalecer la transparencia y la justicia.
Manfredo Marroquín, de Acción Ciudadana, ha subrayado que la apertura de la investigación puede interpretarse como una forma de intimidación contra los comisionados. Marroquín afirma que estas acciones buscan amedrentar a los integrantes de las comisiones para que no actúen con la libertad necesaria en sus deliberaciones. Según él, esto podría llevar a una influencia indebida sobre las decisiones de los comisionados y, en última instancia, afectar la calidad y la independencia del proceso de selección.
Organizaciones de la sociedad civil, como Alianza por las Reformas, también se han pronunciado sobre el proceso. Estas organizaciones advierten que las estructuras paralelas y las presiones externas están afectando la integridad de las comisiones. Se ha reportado que algunos comisionados independientes han recibido amenazas y presiones para tomar decisiones predeterminadas, lo que genera un ambiente de inseguridad y desconfianza. El riesgo de hostigamiento y ataques penales contra comisionados que actúan con independencia es una preocupación real, especialmente a la luz de los eventos ocurridos en 2022, cuando varios decanos enfrentaron consecuencias por no apoyar a la fiscal general.
En respuesta a estas preocupaciones, se ha hecho un llamado al Ministerio de Gobernación y al Estado en general para garantizar la integridad física de los comisionados, sus equipos de apoyo y los grupos ciudadanos que monitorean el proceso. También se ha solicitado que se garantice la inviolabilidad de los archivos y documentos para asegurar la transparencia y confianza en el proceso de elección de magistrados.
La situación actual destaca la necesidad urgente de abordar las inquietudes sobre la transparencia y la independencia del sistema judicial en Guatemala. Las comisiones de postulación tienen un papel fundamental en la selección de los futuros magistrados, y cualquier intento de cooptación o influencia indebida pone en riesgo la integridad del sistema judicial y la confianza pública en las instituciones. La ciudadanía y las organizaciones de la sociedad civil deben mantenerse atentas y vigilantes para asegurar que el proceso de selección sea justo, transparente y libre de interferencias externas.